El Gobierno regional se opone al trato que el Ejecutivo central planea dispensar al sector turístico, pese a ser uno los que más ha sufrido los efectos de la crisis desde que hace año y medio se inició la pandemia del covid. Así lo ha manifestado el consejero de Presidencia, Turismo y Deportes, Marcos Ortuño, quien además ha exigido ayudas urgentes para el sector para garantizar su supervivencia mientras dure la crisis.
Entre estas medidas destaca la bajada del IVA del 10% al 4%, una decisión imprescindible que permitiría dos cosas: aliviar las cargas fiscales de los autónomos y empresas del sector para mantener la actividad y los empleos, y, por otro lado, reducir los precios para ser más competitivos frente a otros destinos.
Al mismo tiempo, el Gobierno regional rechaza la distribución de los 70.000 millones de fondos europeos Next Generation, de los que el Gobierno de España prevé destinar al turismo 3.400 millones de euros, esto es, un euro de cada 20.
El titular de Presidencia, Turismo y Deportes censuró el criterio de reparto de los 1.904 millones de euros que forman parte de las partidas destinadas a los planes de sostenibilidad extraordinarios que “penalizan a la Región de Murcia porque utilizan como indicador de medida la caída de viajeros de 2020, que en la Comunidad fue menos acusada que la media nacional”.
“Pese a la gravísima situación actual que atraviesa el turismo, el reparto supone una cantidad irrisoria, más aún teniendo en cuenta el peso del sector turístico en la creación de riqueza y empleos”, señaló Ortuño, para quien “lo que necesita el sector con urgencia son ayudas directas, como las que aprobamos desde el Gobierno regional y que están permitiendo salvar negocios y puestos de trabajo”.
El consejero aseveró que “de nada sirve la aprobación de ‘planes y estrategias’ desde el Ministerio, si el Gobierno de España condena a la quiebra al sector del turismo y la hostelería”.
La aportación del turismo al PIB en 2021 será la mitad de la de 2019 "en el mejor de los escenarios", cuando en aquel año el sector suponía el 12,4 por ciento del PIB nacional y se desplomó por debajo del cinco por ciento en 2020. Con esa caída de la actividad, el Gobierno de España “no puede seguir mirando para otro lado ni dejar pasar más tiempo sin aprobar ayudas extraordinarias inmediatas que permitan su supervivencia”, añadió Marcos Ortuño.
