La Fiscalía del Tribunal Supremo no ve indicio alguno de cohecho en los acuerdos alcanzados entre el Partido Popular y Ciudadanos que finalmente frustraron la moción de censura contra el presidente regional, Fernando López Miras. 

A través de un decreto suscrito por el fiscal jefe de la Sección Penal, Javier Zaragoza, la Fiscalía niega cualquier delito en la negociación entre partidos, archivando el caso sin siquiera llamar a declarar a los denunciados. 

La denuncia presentada por el partido morado basaba su acusación en la concesión de distintos cargos 'a posteriori' a los implicados, una compensación que según la acusación explicaba el motivo por el que habían cambiado de parecer, dejando a un lado a la dirección nacional del partido del que formaban parte. 

Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez, los tres parlamentarios del grupo Ciudadanos fueron nombrados inmediatamente como consejeros regionales. 

La justicia ha decidido ahora, meses después de la fallida moción de censura, conluir que "no se ha acreditado la concurrencia de los elementos típicos que integran el delito de cohecho, ni mucho menos la participación del aforado García Egea en acciones ilegales que pudieran tener encaje jurídico en el tipo penal mencionado".