Los socialistas murcianos han denunciado este lunes que el Gobierno autonómico tiene 76 sentencias judiciales en contra por la contratación -y el despido- ilegal de trabajadores para realizar tareas funcionariales en la administración pública de la Comunidad de Murcia.

En un comunicado, la portavoz del grupo parlamentario socialista en la Asamblea Regional de Murcia, Begoña García Retegui, ha detallado que de las 76 sentencias, 49 condenan al Gobierno murciano por despido improcedente, dos por despidos nulos, siete son despido nulo por contratación ilegal de trabajadores y once por despido improcedente por contratación ilegal.

"En todas ellas, lo primero que está acreditado es que la administración regional hizo contrato administrativo cuando la relación era laboral", añade, por lo que exige que "los responsables de estas infracciones corran con los costes de los despidos ilegales y que, en ningún caso, estos recaigan sobre los ciudadanos".

En su opinión, "es de suma gravedad, además, la cesión ilegal de trabajadores, que está tipificada como delito y que conlleva una sanción grave", por lo que se pregunta en nombre de su partido "quién sanciona al sancionador, ya que es la administración regional la que tiene capacidad legal de sancionar la contratación ilegal".

Según su versión de los hechos, "se obligaba a la gente a hacerse autónoma y se les encomendaba un trabajo de naturaleza funcionarial".

Recuerda también que en los considerados despidos nulos, dos, los trabajadores han de ser readmitidos en la administración regional.

Además, en todos los despidos, el Gobierno murciano está obligado a abonar la indemnización por despido, los salarios de tramitación y cuatro años de Seguridad Social para regularizar a estos trabajadores, algunos de los cuales llevaban entre doce y quince años en situación irregular.

Por último, tras señalar que el Gobierno no ha contestado a sus preguntas en parlamentarias sobre el coste que las indemnizaciones ordenadas por los jueces tiene para las arcas públicas regionales, ha informado de la existencia de "numerosos" casos similares "cuyas sentencias están pendientes" y de que "las indemnizaciones por despidos improcedentes no han sido abonadas todavía a los trabajadores" afectados.

Por su parte, Inmaculada González, vicesecretaria General de Sectorial, Estudios y Programas del PP, y diputada regional, ha respondido afirmado que "el PSOE, antes de criticar al gobierno regional, debería mirar hacia Andalucía, que está gobernada en coalición por PSOE e IU; allí sí se han producido despidos y recortes sectarios".

Tras las declaraciones de la diputada socialista Begoña García Retegui, denunciando ilegalidad en la contratación de los trabajadores de la Administración Regional, González ha remarcado que "el gobierno regional está haciendo lo que hace hoy en día cualquier familia española, que es gestionar optimizando los escasos recursos para garantizar los servicios fundamentales, y la Administración Regional está actuando dentro de la legalidad y normalidad".

La diputada popular ha insistido en que “estamos en una situación difícil, y lo prioritario es gestionar los escasos recursos de la manera más eficaz posible, recordando que “la Administración Regional es la más económica para el ciudadano".