Los plazos de pago de las empresas registraron en 2020, último ejercicio del que hay datos completos, un empeoramiento de cinco días hasta situarse en los 93 días (96 en la Región de Murcia), de acuerdo con el seguimiento sobre los plazos de pago en la empresa española realizado por Iberinform. Este incremento responde a la situación excepcional generada durante la pandemia en el que las empresas han utilizado el crédito comercial de sus proveedores como fuente de financiación de su actividad en un entorno de deterioro de sus niveles de solvencia, sobrendeudamiento financiero y caídas generalizadas de la facturación.
En 2010, la legislación sobre plazos de pagos comerciales en España impulsó la limitación a los 60 días naturales a contar desde la fecha de recepción de las mercancías. Sin embargo, de acuerdo con los datos del Observatorio de Riesgo de Crédito, estos se han mantenido durante la última década lejos del horizonte que trata de impulsar la legislación española y europea. Durante este periodo, los plazos de pago se han movido en una estrecha horquilla en España que va de los 88 días a los 97.
Las pymes, las menos morosas
Al analizar los plazos de pago teniendo en cuenta el tamaño empresarial, todos los segmentos han registrado empeoramientos de sus plazos de pago en 2020 en una horquilla que va de los cuatro a los seis días. Microempresas y pequeñas empresas vuelven a situarse por encima de los 90 días, las medianas se acercan a los 100 y las grandes alcanzan los 110.
Ninguno de los sectores productivos logra situarse por debajo de los 60 días. El mejor comportamiento se registra en el sector servicios (87 días). La industria española trabaja con unos plazos medios de 96 días. Los plazos más amplios se dan en construcción (99 días) y el sector primario (104).
Por comunidades autónomas, la evolución del comportamiento en pagos depende de diversos condicionantes como son la cultura de pagos o la composición sectorial. La horquilla supone 22 días adicionales de crédito comercial. Navarra, Baleares, Aragón, Cantabria, La Rioja, Cataluña, Canarias y Castilla y León presentan los plazos de pago más reducidos de todo el Estado. En el otro extremo se sitúan Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha y Murcia, cuyos plazos medios de pago son de 96 días.
