Las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional anulando determinados aspectos del impuesto municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVITNU), conocido popularmente como plusvalía, vuelven a poner de manifiesto la necesidad de modernizar la fiscalidad local y mejorar la financiación municipal.

            Los ingresos de los ayuntamientos provienen básicamente de los denominados propios (impuestos, tasas, precios públicos y otros) y los procedentes de la participación en tributos del Estado (PIE). De ellos, la principal fuente de financiación local son los impuestos obligatorios (IBI, Vehículos e IAE) y los opcionales (Plusvalía, Construcciones, Instalaciones y Obras) que están regulados por legislación nacional.

            La administración central y las Comunidades Autónomas, a lo largo de los años, han ido modificando su financiación y sus sistemas tributarios en base a su autonomía legislativa, mientras que los ayuntamientos no lo han podido hacer a pesar de que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece la autonomía local y el principio de suficiencia financiera ya que dependen de normativas nacionales y autonómicas.

            La reforma de la financiación local se encuentra bloqueada desde hace décadas y los ayuntamientos han observado el constante incremento de la financiación autonómica sin que repercutiera en sus ingresos. En un extraordinario esfuerzo las corporaciones locales desde 2012, han reducido su endeudamiento y equilibrado sus presupuestos, en una época en la que los ciudadanos incrementaban la demanda de servicios para hacer frente a las diferentes crisis económicas y sanitarias que nos han asolado. Mientras, la administración central y las autonómicas seguían incrementando su déficit y endeudamiento.

            Los ayuntamientos han demostrado capacidad de gestión de los servicios que tienen encomendados e incluso de los que no son de su competencia (educación, servicios sociales, etc.) consiguiendo minimizar las consecuencias de la crisis económica de 2008 y la del Covid19. Además, la estrategia Europa 2050 climáticamente neutra requiere de la participación activa de las ciudades, con políticas verdes de movilidad, gestión sostenible del agua, acción social y resiliencia climática que necesitan una financiación adecuada.

            Las aspiraciones de las corporaciones locales de contar con una financiación suficiente mediante el incremento de la participación en los ingresos del Estado y de las Comunidades Autónomas, no se han visto correspondidas hasta el momento. Por ello, urge establecer un nuevo marco de financiación local que contemple una mayor participación en los ingresos del estado y en los de las comunidades autónomas como una modernización del sistema tributario que simplifique y estabilice los ingresos municipales.

            La adaptación de la fiscalidad local a la realidad actual es una necesidad para facilitar la gestión de los contribuyentes y simplificar las tareas administrativas.  Algunos impuestos necesitarían revisarse para evitar gravámenes discriminatorios o dobles y triples imposiciones. Los incrementos patrimoniales por venta de inmuebles están gravados 3 veces (plusvalía, transmisiones patrimoniales e IRPF). El impuesto de vehículos basado en aspectos ambientales, perjudica a los grandes damnificados de la crisis sanitaria y económica que carecen de recursos para renovar sus vehículos más antiguos y contaminantes.

            Las necesidades de la sociedad deberían servir como base para la modernización de la financiación local adaptándola al futuro con solidez legislativa, que permita generar los recursos necesarios para hacer frente a las demandas ciudadanas. Se trata de que las corporaciones locales puedan continuar prestando unos servicios públicos de calidad y contemplar al ciudadano como el eje central de la gestión pública con el fin de mejorar su vida, lograr municipios suficientemente financiados para que puedan trabajar por un futuro más sostenible y cohesionado.