La Comunidad Autónoma ha adquirido 45 viviendas para destinarlas a personas sin hogar de los municipios de Murcia y Alcantarilla, en el marco del programa europeo de erradicación del chabolismo, que ha supuesto una inversión total de cuatro millones de euros. 

El consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, destacó que “más de 200 personas podrán disfrutar de estos hogares que se entregan en perfectas condiciones para que puedan arrancar sus nuevos proyectos vitales y construir una nueva vida desde el pilar fundamental que representa la vivienda”.

Calificó de “satisfactorio” el balance del programa cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el Fondo Social Europeo (FSE) que arranca la Consejería de Fomento e Infraestructuras con la compra y adecuación de las nuevas viviendas, que se ceden a los ayuntamientos. Posteriormente, la consejería de Política Social y la ONG Habito se encargan del acompañamiento social para ayudar a las familias en el proceso de integración social.

“Esta medida está enmarcada en las políticas de hogar del Gobierno regional para facilitar el acceso a una vivienda digna a familias que de forma cronificada residen en chabolas o infraviviendas”, explicó el consejero, quien indicó que solo en 2021 se ha efectuado la compra de 28 viviendas por valor de 2,1 millones de euros. 

Puso de manifiesto el “esfuerzo extra” realizado por el Ejecutivo regional para garantizar un hogar a todos los murcianos, que, tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, “se convirtió en una de nuestras máximas prioridades”.

Las viviendas se ceden a los ayuntamientos 

La dirección general de Vivienda adquiere las viviendas a través de portales inmobiliarios y agentes de la propiedad inmobiliaria, contando necesariamente con el visto bueno de los respectivos ayuntamientos, que garantizan el buen estado de las viviendas, así como el cumplimiento de la tipología exigida y sobre todo la máxima integración de estas personas en los nuevos entornos residenciales. 

Las viviendas adquiridas pasan al parque de vivienda pública de cada municipio y se ofrecen para las personas realojadas, en situación de vulnerabilidad severa y exclusión social. 

El seguimiento de las familias lo coordina la dirección general de Servicios Sociales, en colaboración con los servicios sociales de los municipios adheridos al programa y con Habito, una entidad del tercer sector formada por Cáritas, Copedeco y Secretariado Gitano, especializada en atender las necesidades de vivienda de colectivos desfavorecidos.