La fiscalía de Medio Ambiente pide un año y nueve meses de prisión y una multa cercana a los 5.800 euros para el excosejero de Agricultura Antonio Cerdá, por el conocido como ‘caso Topillo’ y su responsabilidad en los vertidos al Mar Menor y su contaminación.

El fiscal Miguel de la Mata también pide la misma pena para Manuel Aldeguer, quien fue comisario de Aguas de la Confederación Hidrografica y actualmente es director general del Agua en la Generalitat Valenciana.

En el ‘caso Topillo’ están imputados, asimismo, los responsables y administradores de unas cuarenta empresas agrícolas, a los que se atribuye un presunto delito contra el medio ambiente por los vertidos de salmuera de las desalobradoras ilegales que se encontraban en sus explotaciones.

Para estos, las penas que solicita el fiscal van desde los cinco meses hasta los seis años de cárcel, así como al pago de importantes cantidades económicas como responsabilidad civil. En alguna de las empresas, la cuantía alcanza 1,4 millones de euros.

Para otro de los inicialmente imputados, la expresidenta de la CHS Charo Quesada, la fiscalía solicita que provisionalmente sea eximida de responsabilidad al entender que el control de los pozos y de las desalobradoras era responsabilidad del comisario de Aguas.