El Departamento de Acción Climática de la Generalitat de Catalunya ha abierto un expediente sancionador a la empresa distribuidora de electricidad EDistribución Redes Digitales, del grupo Endesa, por impedir la emisión de facturas a empresas y particulares desde el 1 de junio de 2021. En concreto, propone una multa de 600.000 euros al constatar que el incumplimiento de la compañía inicialmente ha afectado a dos millones de usuarios; además de poner en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico al hacer peligrar la viabilidad de comercializadoras de luz que compiten en un mercado eléctrico caracterizado por una fuerte concentración empresarial.

Por su parte, Facua denunció este tipo de irregularidades, cometidas por varias distribuidoras en toda España, ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en septiembre del pasado año. Pero por el momento la Comisión no ha anunciado la apertura de expedientes sancionadores al respecto.

De la documentación del expediente de la Generalitat se desprende un presunto incumplimiento de las obligaciones y funciones de la empresa distribuidora, consistente en no haber facturado los peajes y en no haber puesto a disposición de las comercializadoras las lecturas necesarias para que éstas puedan facturar los consumos a los usuarios de acuerdo con los plazos establecidos.

El impedir la emisión de facturas por parte de la empresa distribuidora tiene efectos tanto para los consumidores como para las empresas comercializadoras. Para los usuarios, se traduce en la acumulación de recibos que, si no se gestionan adecuadamente, pueden convertirse en impagos e incluso cortes de suministro.

Para las empresas comercializadoras, la falta de emisión de facturas de consumo por parte de la distribuidora les provoca tensiones de tesorería porque descompensa los pagos de obligaciones a los que deben hacer frente y los ingresos, lo que pone en riesgo su viabilidad.

El expediente informativo determina que, desde la entrada en vigor de la nueva estructura tarifaria en junio de 2021, más de 2 millones de puntos de suministro han sufrido retrasos en su facturación. La normativa establece que el recibo debe emitirse en un plazo máximo de 5 días desde la fecha de lectura del contador. En noviembre todavía quedaban unos 40.000 usuarios con facturación pendiente.