Las regiones españolas más afectadas por la pobreza energética son Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Región de Murcia, tal y como se desprende de la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESSE), en su última actualización de 2020.

Este fenómeno estructural afecta a más de un 30% de los hogares en estas comunidades autónomas, frente al 25% de media que sufren pobreza energética o monetaria a nivel nacional. En el lado opuesto se sitúan Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Madrid y País Vasco, donde la incidencia de hogares afectados por la pobreza energética o monetaria oscila entre el 12% y el 20%.

“España tendría que invertir más de 13.000 millones de euros en la rehabilitación de su parque edificado para acabar con la pobreza energética”, ha afirmado Dolores Huerta, directora general de Green Building Council España, con motivo de la semana de la lucha contra la pobreza energética, que se desarrolla entre el 17 y el 23 de febrero. En este sentido, Huerta ha destacado que, tal y como se recoge en la hoja de ruta del proyecto #BuildingLife, “la rehabilitación es la solución más efectiva y estructural a largo plazo”.

De ese 25% de hogares en pobreza energética o monetaria que tiene España de media, el 62% de los casos se dan en zonas urbanas y más del 60% aparecen en viviendas colectivas. Esto implica que la toma de decisiones sobre la realización de obras es más habitual como un proceso colectivo, en el que deben ponerse de acuerdo los diferentes propietarios del inmueble, con sus propias circunstancias económicas.

Según explica Huerta, esto hace que la rehabilitación sea más compleja en España, lo que condiciona la solicitud y concesión de ayudas públicas para la rehabilitación de edificios de viviendas colectivas, o la de los préstamos, pues estas comunidades de propietarios carecen de personalidad jurídica propia.