A todos los que desarrollamos nuestra actividad en el ámbito privado se nos exigen dos requisitos en nuestro trabajo: responsabilidad y eficacia. Y no sólo en periodos medios o largos, sino en el día a día. Somos evaluados permanentemente, y los progresos profesionales y la proyección laboral están estrechamente vinculados a ellos.
La ausencia de cualquiera de los dos tiene consecuencias de diverso alcance.

En el ámbito político y administrativo la situación es bien diferente. Basta con seguir los protocolos de actuación y ajustarse a la legalidad para no tener elementos de reproche a las decisiones y labores realizadas y al coste que han representado.

Las administraciones manejan gigantescos presupuestos para aplicarlos a las necesidades de la sociedad que normalmente no son las que la sociedad reclama, sino las que los responsables administrativos consideran acordes a su criterio personal y a la orientación e interés político de sus superiores, y a veces a sus instrucciones directas.

Reclamamos con reiteración y sin éxito que se dote de mayor presupuesto a sectores de actividad como el comercio, que lo necesitan y lo merecen por la importancia de su aportación económica al erario público y a la creación de riqueza y empleo. Pero es que la dotación que se le otorga es distribuida y aplicada sin contar con la opinión de los sectores involucrados y para acciones no prioritarias y de escasa eficacia e impacto. A esa situación yo la denomino dilapidación de los recursos públicos. Todos los técnicos y políticos han cumplido con la legalidad y con el gasto presupuestado, pero nadie exige una evaluación del impacto generado, siendo indiferente si esos recursos han mejorado o no la situación que trataban de corregir en teoría.

En el caso del comercio, todos los años se destinan partidas para su promoción y mejora, y sin embargo, observamos un deterioro continuo y constante de su situación que aboca a la precariedad y a cierres progresivos, que pueden observarse fácilmente en calles comerciales de cualquier ciudad que van quedando desertizadas y deterioradas de la pujanza que otrora tuvieron y de la que nadie pide cuentas a sus responsables.

Si elevamos el nivel al ámbito político nacional la situación se agrava exponencialmente por la importancia económica de las decisiones. Se toman decisiones de gasto que responden al interés de los políticos de contentar a un electorado en dificultades más a que dicho gasto tenga un impacto en mejorar la situación económica del país. Así, de la gigantesca deuda pública acumulada en los últimos años nadie rendirá cuentas. Tampoco las rendirán del elevadísimo empleo público, desproporcionado a nuestra población, ni de los cargos de confianza creados para dar salida a amigos y afines, ni de las subvenciones ideológicas, ni de los departamentos e instituciones inventados con tal fin.

Todo esto será un legado para la siguiente Administración y para las generaciones que tendrán que responder de la irresponsabilidad de su Gobierno.

Nuestro Gobierno y en general las Administraciones están implicadas en la gestión, pero desde luego no están comprometidas en hacer de nuestra sociedad la sociedad del bienestar en la que presumen que vivimos. La diferencia ya la expresaba gráficamente un buen amigo que explicaba que cuando nos comemos unos huevos fritos con chorizo, las gallinas están implicadas, pero quién realmente está comprometido es el cerdo. 

Los responsables políticos no corren ningún riesgo.