El secretario general de la Cámara de Comercio de Cartagena, Ramiro Alonso, ha pedido “amparo” a la consejería de Empresa ante lo que considera “injustificados y desafortunados ataques en prensa de Miguel Martínez a su persona”.

El último episodio de este enfrentamiento entre presidente y secretario general se produjo durante la elección de Martínez para un tercer mandado al frente de la institución cameral. En el acta de la sesión, el secretario reflejó una ‘Reserva de legalidad’ considerando que el presidente no podía ser reelegido por incumplir la Ley regional de Cámaras de 2015, que fija un máximo de dos mandatos. La consulta sobre si Martínez podía presentarse, puesto que solo había sido elegido una vez tras entrar en vigor la Ley, concluyó con un informe del Consejo Jurídico Regional en el que se afirmaba que “debe computarse el mandato como presidente de la Cámara que, iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, se prolonga y consume durante la vigencia de la misma”. De esta formaba cerraba la puerta a la elección.

Dado que estos informes no son vinculantes, Miguel Martínez se presentó y Ramiro Alonso dejó constancia de que se produciría la votación sin la certeza de que fuera a ser válida. Como se preveía, Martínez ganó con 24 votos a favor y uno en blanco. La reserva de legalidad se refleja en el acta de la sesión y deberá ser ahora la consejería de Economía la que, oídas las partes, se pronuncie sobre la validez de la candidatura y la polémica podría acabar en los tribunales de lo contencioso-administrativo.

En una entrevista publicada este lunes en el periódico La Verdad, Miguel Martínez reconocía que le había dejado un “mal sabor de boca la alegación presentada por el secretario de esta institución, pero también por el desgaste de los últimos meses, sobre todo por el dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, que decía que no me podía volver a presentar”.

Y añadía que el secretario general no se había limitado a hacer reservas de ley, si no que se había inmiscuido “con la intención de influir en la voluntad de los empresarios. Creo que presentó la alegación, porque detrás tiene a alguien o tiene miedo a algo”. A la pregunta de “¿A quién tiene detrás?”, Martínez responde: “No lo sé. Él solo puede hacer advertencias, no impugnar ni recurrir decisiones”, y añade que no cree que los interés ‘ocultos’ sean políticos, si no, empresariales, “y no iban solo contra mí, sino contra la institución en su conjunto, porque querían cargársela. Es una lucha de poder. Parece que somos incómodos”.

Estas valoraciones públicas de Miguel Martínez son las que han provocado que Ramiro Alonso haya pedido el amparo del Gobierno regional, “en su condición de administración tutelante”. Al tiempo que pide a la consejería de Empresa que intervenga “y cautele la situación generada, poniendo fin a esta campaña de descrédito y desprestigio, cuyo principal objetivo es socavar la reputación y la imagen de este secretario, silenciarlo, y tratar de propiciar por esta vía su posterior despido”.

Asimismo se defiende y señala que en el pleno del 30 de agosto, “mantuvo, con integridad y objetividad, su reserva de legalidad a la candidatura y elección de Miguel Martínez como presidente cameral, por entender que afrontaba ya su tercer mandato, contraviniendo así lo dispuesto en la normativa cameral”.