
Los granjeros de pollo atraviesan desde hace varios meses una situación límite: los costes que asumen se han disparado por la brutal inflación que afecta a sus diferentes partidas. Sin embargo, el precio que perciben de las integradoras apenas ha variado. Los consumidores, por su parte, están pagando cada día un precio más alto por la carne de pollo, que además es la fuente de proteínas más consumida de España.
El precio del kilo de pollo en origen se pagó en junio de 2008 a 1,35 euros; y en el supermercado a 3,10 euros. El pasado mes de agosto, el precio pagado al granjero fue de 1,40 euros; y al público el precio medio fue de 3,20 euros, según los datos obtenidos del Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos (IPOD), que cada mes publica Coag.
En este mismo periodo, los precios en España se han encarecido un 29,5%, con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística.
Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, Coag y UPA se han dirigido a la patronal Avianza, que aglutina a las industrias integradoras, a las asociaciones de la gran distribución, y al ministerio de Agricultura para exigir un cambio de actitud inmediato que asegure la supervivencia de los granjeros de pollo españoles.
Las organizaciones describen la situación como “dramática”, como consecuencia del aumento de los costes de producción, tanto en el caso de la energía, los combustibles, y todas las materias primas y materiales que son necesarios para continuar con el proceso de producción.
“Sin duda, son las granjas de producción las que están pagando la factura de esta crisis, junto con los consumidores, porque el precio de venta al consumidor se ha visto incrementado sin que se haya producido un reparto de este aumento a lo largo de la cadena de valor”, señalan.
En España hay cerca de 5.000 granjas que producen carne de ave, y en la Región si sitúan en torno a 500 granjas avícolas, con cerca de tres millones de animales.
Las organizaciones afirman que sigue creciendo el número de titulares de granjas de producción de carne de pollo y pavo que anuncia su intención de cerrar las naves, “ya que lo único que están haciendo es acumular pérdidas y contraer deudas con sus proveedores. Es por ello que en los próximos meses existe un enorme riesgo de desabastecimiento de carne de pollo y de pavo en España”.
Por todo ello Asaja, Coag y UPA urgen a las empresas integradoras agrupadas en Avianza que realicen una revisión inmediata de sus contratos de integración, y a la vista del enorme aumento de los costes de producción, eleven los precios remunerados por los ganaderos, en cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria.
También piden una reunión al más alto nivel, con la participación de representantes de empresas integradoras y de empresas de la distribución y OPAs, donde el ministerio de Agricultura pueda entender la “delicada situación en la que se encuentra el sector” y actúe en consecuencia. Las OPAs envían también un mensaje a las comunidades autónomas, para que agilicen el pago de las ayudas directas por los efectos de la guerra de Ucrania, para dotar de cierta liquidez a las explotaciones avícolas ante la crisis que atraviesan.



