Hay dos modelos de política fiscal en España enfrentados hasta unos niveles como no habíamos visto en los últimos 40 años. El modelo socialcomunista que defiende el Gobierno -el PSOE dejó de ser socialdemócrata con Pedro Sánchez- apuesta por un Estado desmesurado que intervenga continuamente en la vida de los ciudadanos, para lo que necesita un ingente gasto que salga del bolsillo de todos a través de una presión fiscal desbordada; es el mensaje de la subida continuada de impuestos. El modelo liberal se decanta por un Estado más pequeño, con escasa intervención en la sociedad, por lo que el gasto público es mucho menor y exige una menor presión fiscal; es el mensaje de la bajada de impuestos.

Ahora bien, todo ello hay que enmarcarlo en el contexto de la situación económica y social que hay en cada momento. Si consideramos que nos encontramos ante un escenario de una inflación excesiva que afecta a todos los sectores de la población, con la mayor tasa de paro de la UE, con una amenaza creciente de cierre de empresas por los altos costes de producción, con una reducción del crecimiento del PIB progresiva y con una inyección de fondos europeos nunca vista, las alzas impositivas van a provocar el empobrecimiento de las familias en un Estado rico, aunque endeudado hasta las cejas por el descomunal gasto.

Es más, la escalada de los precios está causando un incremento de la recaudación del IVA manteniendo los tipos impositivos que se ha cifrado en los siete primeros meses del año en 22.000 millones de euros (el 18% más), dinero que pierden los ciudadanos. Mientras la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, exige a los híper que hagan un esfuerzo para proporcionar un paquete de productos básicos a bajos precios, aunque sea en perjuicio del pequeño comercio, su Ejecutivo se niega a hacer un esfuerzo fiscal bajando el IVA de esos mismos productos. Véanse algunos ejemplos: el IVA del aceite de oliva, un producto muy nacional, se sitúa en el 10%, cuando en Italia, también un producto muy nacional, es del 4%; la carne, tanto el pollo como el pavo, el cerdo o la ternera se gravan también con el 10%, cuando podían haberse bajado al 4%. El impuesto de la electricidad se redujo en junio de 2021 del 21 al 10% cuando el precio ya era desorbitado y, por la presión de la oposición y de la calle, no se redujo hasta el mes de julio pasado al 5%. En cuanto al gas, se ha mantenido como un artículo de lujo al 21% hasta este mes, en el que se ha reducido al 5% por la presión de la oposición. Eso sí, se está pagando más caro al depender ahora más del gas licuado que llega por barco desde Estados Unidos que cuando nos llegaba mucho más volumen desde Argelia por gasoducto tras la ocurrencia de Pedro Sánchez de plegarse a Marruecos en su política sobre el Sahara.

No contento con todo ello, el Gobierno de Sánchez se mimetiza a Podemos en su batalla contra el capital, con un discurso casi de odio, y anuncia un impuesto a los ricos, además de que se mantenga el injusto impuesto de Patrimonio, que grava dos veces el mismo bien. La nunca deseada fuga de capitales puede dispararse. No sería de extrañar, por ello, que la inversión privada se paralice y, como consecuencia de ello, el paro se incremente de forma considerable.

Pese a todo, el Ejecutivo no da muestras de apretarse el cinturón. Ni un solo gesto ha hecho en el tiempo que lleva en el poder para reducir su estructura de 22 ministerios y del mayor número de asesores de la etapa democrática. ¿De qué gestión puede presumir cuando el riesgo de pobreza ha aumentado hasta casi el 30%, según el Instituto Nacional de Estadística?