El banco malo y la lógica financiera
Lo de “banco malo” es, según las bromas de los españoles, una redundancia. “Malo ya era, ahora será peor”. El chiste tiene sentido, si bien desde Apirm celebramos con gran satisfacción que el actual gobierno haya tenido, finalmente, el coraje y la receptividad obligada de crear este reivindicado banco "malo".
¿Reivindicado? Sí. Llega tres años tarde, aunque al menos llega. El sector inmobiliario, en un ejercicio de realismo no compartido por los principales operadores del sistema financiero español, solicitó su creación allá por 2010 y lo hizo con una doble finalidad. Por un lado, sanear los balances de las entidades financieras para que pudieran financiar a las Pymes y autónomos de los distintos sectores económicos nacionales. El objetivo, evitar la metástasis epidémica que ha llevado durante los últimos años a la pérdida del 20% del tejido productivo nacional, un coste inasumible para cualquier país. Por otro lado, se solicitó con la finalidad de sacar del mercado los activos inmobiliarios que necesitan un mayor periodo de maduración y que estaban presionando -de forma suicida y estéril- los precios a la baja. Recordemos que muchos de estos activos carecen actualmente de mercado por no existir demanda para ellos (por ejemplo muchos suelos rústicos en transformación).
¿Por qué un banco malo hace tres años? Porque no se habrían tensionado tanto las cuentas públicas nacionales y habríamos tenido más dinero para abordar el rescate de la banca. Por lo tanto, si se hubiera acometido esta reforma a tiempo, no se habría evitado la crisis pero sus efectos no habrían sido tan devastadores y muchas empresas se habrían salvado.
¿Es todo positivo en la iniciativa del “banco malo”? Si bien desde el sector profesional la celebramos con satisfacción, esta nueva medida no está exenta de inquietantes interrogantes dadas las circunstancias sociales y económicas que vivimos. Y no me refiero a los precios con los que finalmente se traspasarán los activos inmobiliarios a la nueva Sociedad Gestora de Activos (SGA) -que rondarán una depreciación adicional del 10 o el 20 por ciento de los precios actuales-; hay otros interrogantes más inquietantes. ¿Como cuáles? Como que la banca sigue pidiendo comprensión y generosidad para recibir cantidades ingentes de dinero público (es decir, de los ciudadanos) y luego persiguen a estos mismos ciudadanos con la diligencia implacable del banquero que se comporta como si hubiera prestado su propio dinero.
¿Cuál es el nuevo escenario? Las entidades traspasarán al “banco malo” muchos bienes inmobiliarios embargados y ejecutados a empresas y familias, aflorando por lo tanto nuevas minusvalías para los bancos. Estas serán compensadas en sus balances con fondos públicos -que se sumarán a los ya aportados-, fondos procedentes del esfuerzo fiscal precisamente de muchas Pymes y familias que han sido embargadas y ejecutadas por las entidades financieras sin miramiento alguno.
Y en estas circunstancias puede que lleguemos a encontrarnos ante la más irracional de las paradojas. La entidad financiera transmite a la SGA un bien inmueble procedente de una ejecución, al tiempo recibe un reforzamiento de capital con fondos públicos aportados por los impuestos de los ejecutados, si bien continúa reclamando el pago del resto de la deuda a la Pyme o familia que ha perdido su inmueble. ¿No habría que restaurar cierta lógica en el funcionamiento del banco en general, al margen de la etiqueta de “bueno” o “malo”?
Por lo tanto, si no se prevén medidas correctoras que eviten este tipo de circunstancias, viviremos muchas situaciones social y políticamente injustas e inasumibles; situaciones que desencadenarán en imprevisibles consecuencias. Por supuesto, a estas se sumarán otras -ya impresentables- como es la colocación de participaciones preferentes a ahorradores con un perfil inversor bajo o de nula cultura financiera.
Algunas entidades financieras están recibiendo dinero público. Y decir dinero público es decir dinero de los ciudadanos, porque la cuenta de sanear a la banca estará finalmente cerca de los 150.000 millones de euros. Los responsables públicos tienen que ser muy cautos con las medidas, respaldos y apoyos que den a algunos bancos y entidades. Los despachos del Paseo de la Castellana de algunos banqueros que gestionan entidades nacionalizadas están muy lejos de la calle.
No pretendo con este artículo ser catastrofista, de hecho desde Apirm seguimos proponiendo medidas que ayuden a salir de esta –porque saldremos- con el menor número de bajas posibles. Con este artículo me gustaría transmitir esta conclusión a quienes toman las decisiones: “Señores gobernantes, escuchen antes de legislar”.
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¿Por qué un banco malo hace tres años? Porque no se habrían tensionado tanto las cuentas públicas nacionales y habríamos tenido más dinero para abordar el rescate de la banca. Por lo tanto, si se hubiera acometido esta reforma a tiempo, no se habría evitado la crisis pero sus efectos no habrían sido tan devastadores y muchas empresas se habrían salvado.
¿Es todo positivo en la iniciativa del “banco malo”? Si bien desde el sector profesional la celebramos con satisfacción, esta nueva medida no está exenta de inquietantes interrogantes dadas las circunstancias sociales y económicas que vivimos. Y no me refiero a los precios con los que finalmente se traspasarán los activos inmobiliarios a la nueva Sociedad Gestora de Activos (SGA) -que rondarán una depreciación adicional del 10 o el 20 por ciento de los precios actuales-; hay otros interrogantes más inquietantes. ¿Como cuáles? Como que la banca sigue pidiendo comprensión y generosidad para recibir cantidades ingentes de dinero público (es decir, de los ciudadanos) y luego persiguen a estos mismos ciudadanos con la diligencia implacable del banquero que se comporta como si hubiera prestado su propio dinero.
¿Cuál es el nuevo escenario? Las entidades traspasarán al “banco malo” muchos bienes inmobiliarios embargados y ejecutados a empresas y familias, aflorando por lo tanto nuevas minusvalías para los bancos. Estas serán compensadas en sus balances con fondos públicos -que se sumarán a los ya aportados-, fondos procedentes del esfuerzo fiscal precisamente de muchas Pymes y familias que han sido embargadas y ejecutadas por las entidades financieras sin miramiento alguno.
Y en estas circunstancias puede que lleguemos a encontrarnos ante la más irracional de las paradojas. La entidad financiera transmite a la SGA un bien inmueble procedente de una ejecución, al tiempo recibe un reforzamiento de capital con fondos públicos aportados por los impuestos de los ejecutados, si bien continúa reclamando el pago del resto de la deuda a la Pyme o familia que ha perdido su inmueble. ¿No habría que restaurar cierta lógica en el funcionamiento del banco en general, al margen de la etiqueta de “bueno” o “malo”?
Por lo tanto, si no se prevén medidas correctoras que eviten este tipo de circunstancias, viviremos muchas situaciones social y políticamente injustas e inasumibles; situaciones que desencadenarán en imprevisibles consecuencias. Por supuesto, a estas se sumarán otras -ya impresentables- como es la colocación de participaciones preferentes a ahorradores con un perfil inversor bajo o de nula cultura financiera.
Algunas entidades financieras están recibiendo dinero público. Y decir dinero público es decir dinero de los ciudadanos, porque la cuenta de sanear a la banca estará finalmente cerca de los 150.000 millones de euros. Los responsables públicos tienen que ser muy cautos con las medidas, respaldos y apoyos que den a algunos bancos y entidades. Los despachos del Paseo de la Castellana de algunos banqueros que gestionan entidades nacionalizadas están muy lejos de la calle.
No pretendo con este artículo ser catastrofista, de hecho desde Apirm seguimos proponiendo medidas que ayuden a salir de esta –porque saldremos- con el menor número de bajas posibles. Con este artículo me gustaría transmitir esta conclusión a quienes toman las decisiones: “Señores gobernantes, escuchen antes de legislar”.
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