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Opinión |
Viernes, 21 de Octubre de 2022

Nuevo paradigma

 

La perspectiva histórica que da una vida o una generación es muy limitada, si la vida media de una persona en España es de 83 años y los primeros 20 o 30 los emplea en formarse, podemos afirmar que la vida plena de conocimiento queda limitado a unos 50 años como mucho. Más o menos ha sido  este espacio temporal para darme cuenta de que en España no hay una democracia plena ni un estado de derecho pleno.


Desde que las naciones se organizan en forma de estado, distinguimos las élites que las gobiernan y los ciudadanos de a pie, esos que madrugan a diario, trabajan y producen bienes y servicios, con ellos se pagan impuestos que financian las estructuras de gobierno y los servicios que este les proporciona a los ciudadanos. Es costumbre arraigada en este país, que las élites lleven su camino y los ciudadanos el suyo, no en vano el alcalde de Móstoles le declaró la guerra a Napoleón.


La corrupción de las élites es la carcoma que corroe la buena fe de los ciudadanos de a pie, ellos dedican la mayor parte de su vida a trabajar, ahora incluso les están robando el tiempo que deben dedicar a sus hijos, en jornadas de trabajo que se prolongan más allá de las 8 horas, para salir adelante y pagar hipotecas de por vida. Es evidente que el precio de la vivienda se ha ido incrementando hasta esclavizar de por vida a una pareja joven, hasta el punto de dedicar casi un sueldo al pago de la hipoteca, esto influye de manera directa en el retardo en ser padres y desde luego en el número de hijos, los salarios en España son bajos.

 

Los ciudadanos de a pie pagan impuestos para mantener un sistema el cual creen que actúa de buena fe. Como ellos cada día, creen que la totalidad de sus esfuerzos los emplea el Estado para el bien común. Pero como los Presupuestos Generales del Estado son descomunales, ahora son tan grandes que los llevan codificados en mecanismos electrónicos de almacenamiento, contienen tal cantidad de información que son inescrutables para un ciudadano y analizar qué cuantía va a servir a los ciudadanos y que cuantía se dedica a mantener la red clientelar, personas, familiares y amigos de la élite del gobierno de turno para decantar el voto a su favor. Corrupción en estado puro.

 

Con el ruido que se forma en los medios de desinformación de forma deliberada, entre enfrentamientos de izquierdas, derechas, gasto social... uno ya se pierde en el laberinto y si a eso le añadimos la cantidad de noticias por unidad de tiempo, los árboles no nos dejan ver el bosque.


España ya no es un país aislado, pertenecemos a la UE, OTAN, ONU y esto nos lleva a ver con claridad que no somos una verdadera democracia ni un estado de derecho, no hay separación real de poderes, en vez de una democracia hay una partitocracia, donde el poder lo ostentan desde el régimen del 78, los presidentes de PSOE y PP mayoritariamente, que han aprovechado estos 43 años para cambiar por la puerta de atrás el normas que hasta hace dos generaciones tenían los españoles. No hay una separación real de poderes, por lo tanto en cuestiones importantes de estado, no hay verdadera justicia imparcial, la justica es vital para la generación de confianza en el estado.


Con el presidente Zapatero se desempolvaron hechos históricos superados por la mayoría de la sociedad española, que ya estaba en otras cosas, después de ganar las elecciones  a raíz de los atentados del 11-M, volviendo a enfrentar y radicalizando los bloques de izquierdas y derechas, para que las élites con este ruido les fuera más cómodo cambiar artículos de las normas que rigen las relaciones de personas e instituciones en este país.


Hemos visto como en el régimen del 78 se ha dividido territorialmente España en 17 autonomías, la experiencia vivida en estos 43 años nos demuestra que los resultados obtenidos son opuestos a los que cabría esperar. O quizá no, no sabemos si hubo manos extranjeras que querían destruir España, a tenor de los enfrentamientos de los habitantes de unos territorios con otros, así lo parece. Vemos como médicos y enfermeras no pueden trabajar en Baleares con solo hablar español, idioma oficial del Estado. Parece que los pájaros les tiran a las escopetas. O que en Cataluña con la cuota ridícula del 25% que ha dictaminado la Justicia es imposible llevarlo a la práctica por la negativa de su Gobierno autónomo. Parece que la Constitución no puede proteger a los ciudadanos españoles dentro de las autonomías españolas. Parece algo incomprensible en una democracia y en un estado de derecho, pero es una realidad palpable, eso que dicen en el tendido 7 de la plaza de toros de Las Ventas “ el caballo se ríe” todo ello para expresar que el toro es pequeño, quiebra de poder, ausencia del estado de derecho, para que hagan creer que estamos en un estado de derecho, o por el contrario en un estado donde campan a sus anchas los caprichos de las élites que nos gobiernan. Y eso que el español es una de las lenguas más habladas en el mundo con más de 600 millones de parlantes.


Evidentemente, claro que hace falta una Constitución que defienda a los de a pie , pero consensuado por los ciudadanos de a pie, no por las élites, la experiencia vivida en España en los últimos 43 años ha demostrado a donde nos llevan, al desastre más absoluto. Por eso las élites quieren analfabetos, los adoctrinan con mayor facilidad, los adoctrinan en su proceso de educación, en los medios de comunicación donde las élites mundiales son accionistas e imponen su sentido editorial, hacen programas de entretenimiento con consignas para la gente que no lee que solo quiere distracción, aunque sea con los trapos sucios de la portera.


Cada vez más vemos que la soberanía individual es menor, está cada vez más subyugada con la excusa del bien común. Al estado y al dictamen de las élites mundiales que las llevan a cabo a través de las organizaciones internacionales y de nuestros gobernantes nacionales, cada vez más alineados y subyugados a las citadas élites internacionales. Vemos que cada vez son minorados los derechos individuales y que en algunos casos quedan anulados por los colectivos, elementos propios de una forma de gobierno totalitario. A corto plazo vemos que cada vez es mayor la carga impositiva, para micropymes, pymes y autónomos.


Como muestra sirva un botón: la Agenda 2030, aparece hasta en la sopa. Nos la están metiendo con calzador, amenaza con robarnos la cartera y destruir la forma de vida como la conocemos, vamos como han vivido nuestros padres y abuelos, caminamos hacia una sociedad distópica, si los ciudadanos 'normales'  no lo evitan.
Yo creo que en el año 2022 hay medios materiales, científicos, tecnológicos y me atrevo a decir que económicos para acabar con el hambre en el mundo, si las élites dedican los medios a este menester en vez de a acaparar poder geopolítico, ah y, renunciar también a la remuneración de su corrupción, para dedicar su esfuerzo en pro del bien común.


En el ámbito económico y empresarial observamos que cada vez más hay mayor regulación y cargas impositivas para las personas, micropymes, pymes y autónomos. Por el contrario, el movimiento capitales de curso legal y blanqueo de los de curso no legal campan a sus anchas. Las mafias y las multinacionales a veces tienen más poder que muchos gobiernos, en contra de lo que pueda parecer cada vez son más poderosas y compran voluntades de políticos y funcionarios clave para cambiar leyes, reglamentos y lo que haga falta. Si no cómo se explican que el sector primario está agonizando en Europa y cada vez más se importan al mercado común europeo más y más productos agroalimentarios foráneos, mientras los nuestros se caen de los árboles. Son productos importados infectados con parásitos aquí erradicados y con tratamientos fitosanitarios prohibidos en la UE. Alguien apoderado para ello se dedica a aprobar y cambiar reglamentos que son un insulto para el sentido común y permiten estos desmanes, presuntamente esto solo se puede hacer comprando voluntades.


Por supuesto que es muy necesario un cambio de paradigma entre los ciudadanos y sus gobernantes para que el trabajo de los gobernantes fluya con justicia hacia el bienestar de los ciudadanos, donde la verdad y la honradez presidan las decisiones, para que todas las acciones que salgan de las instituciones que nos gobiernan sirvan para mejorar el bien común y la vida de las personas, no para llenar los bolsillos y cuentas de las élites y políticos que nos gobiernan.

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