El grupo parlamentario Izquierda Unida-Verdes pretendía que el Parlamento Europeo reconociera la responsabilidad ‘casi exclusiva’ del Gobierno regional y de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre el estado del Mar Menor. Sin embargo, la abstención del grupo Socialista (Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas) ha evitado incluir esta declaración en el informe que sobre la situación de la laguna salada han elaborado los eurodiputados que la han visitado en los últimos meses; y que se debatía hoy en la Comisión de Peticiones del Europarlamento.

La de IU-Verdes era una del centenar de propuestas presentadas para incorporar al informe: “las malas prácticas llevadas a cabo durante años (especialmente por gran parte de la agroindustria, pero también las malas prácticas urbanísticas de promotores y municipios), se han visto agravadas por la inacción de las administraciones, y en particular de la administración regional, que es la que tiene la mayoría de las competencias necesarias para frenar esta situación”. Desde el PSOE, se sostiene que esta enmienda era inasumible por cuanto culpaba tanto al Gobierno regional como a los ayuntamientos de la zona, así como a la agricultura en general, sin distinguir entre cultivos legales e ilegales.

Al contrario que los socialistas, que se abstuvieron, sí votó a favor de responsabilizar a la Administración regional el grupo Renew Europe, en el que se integra Ciudadanos.

En el informe, finalmente se reclama a las autoridades españolas (en su conjunto) que aumenten la protección ambiental del Mar Menor y se incluyen propuestas como la lucha contra los fondeos ilegales y que se aplique el principio de que “quien contamina, paga”. También se recoge la recomendación de que se aplique la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor, “que lleva dos años sin aplicarse”, en palabras del eurodiputado socialista murciano Marcos Ros.