“Una nación puede sobrevivir a sus tontos, e incluso a los ambiciosos. Pero no puede sobrevivir a la traición desde dentro” (Cicerón, 106 a.C.- 43 a.C.)

Cuando hace algunos años tuve el honor de ser invitado por el Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, a través de su Decano y de su Junta de Gobierno, para representar a mis compañeros de promoción en el acto de entrega de nuestra Medalla de Plata, dediqué parte de mi discurso, en nombre de todos, al asombroso descubrimiento que supone acercarse a uno de los logros más notables del hombre a lo largo de su Historia, y quise poner en valor todo ese universo intangible al que pertenecemos aquellos que nos manejamos diariamente cerca del Derecho, patrimonio de todos los ciudadanos.

Decía que, aún de modo más intenso que los grandes monumentos y catedrales que elevamos hacia el cielo, aún más que los avances de la técnica que tanto admiramos, quizá la arquitectura intelectual de mayor valor, el mejor ejemplo de la capacidad del hombre, sea el edificio perfecto formado por nuestro ordenamiento jurídico. Era, en mi opinión, el Derecho Romano, como mero ejemplo, buena prueba de ello pues constituye nuestra primera fuente de Derecho completa, que durante más de veinticinco siglos aún pervive y nos acompaña de modo casi intacto. Y ese orden jurídico de magnífico diseño intelectual, tallado laboriosamente, adaptado a lo que la sociedad demanda en cada momento bajo las reglas políticas de la democracia, es el que permite hoy en día que seamos hombres civilizados y no una jungla habitada por animales salvajes. De ahí su importancia.

Pero aun considerando la evidente decadencia de nuestra democracia, la aportación más reciente a ese orden de convivencia es, sin duda, obra de Montesquieu con su triple división de poderes, ejecutivo, legislativo y poder judicial, pues, sin este último pilar, la falta de control de un gobierno convierte a éste en tiranía y precipita el colapso de toda esa arquitectura intelectual, de tal modo que, como sucede con las sencillas reglas de la Física, si se socava ese cimiento, si se destruye ese muro maestro del sistema que todo sustenta, incluso el edificio que parezca mejor acabado y estético, o el más alto y esbelto, cae y se derrumba, siguiendo las elementales normas de la gravedad natural. 

Aquel discurso de hace cinco años coincidía con la Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña y destaqué, admirado, el impresionante éxito de control que pudo mantener el poder judicial. Unos simples jueces del Tribunal Supremo, seis hombres y una mujer, armados con la ley, bastaron para reestablecer el orden sin necesidad de intervención militar durante esa situación tan crítica para la estabilidad de un país con más de quinientos años de Historia. 

Ni el legislativo, ni tampoco el ejecutivo, habrían sido suficientes por sí mismos sin la intervención trascendental del poder judicial gracias a la aplicación de la ley, tanto del Artículo 155 de la Constitución Española como del Titulo XXII, Libro II del Código Penal, que recoge los artículos dedicados al delito de sedición, entre otros. Tan importante fue su intervención que si no se convirtiera en un inevitable agravio para aquellos catalanes separatistas, que se verían ofendidos en su orgullo, esos simples hombres y mujeres merecerían, por su acción, por su papel de servicio al Estado y a la convivencia, el mayor premio y la mejor distinción pública en su reconocimiento. 

La decisión del  Ejecutivo, con la derogación del delito de sedición, disfrazada bajo la intervención de los partidos que propugnan su urgente tramitación después de los indultos, si fuera finalmente consumada, será un acto de traición contra toda esta arquitectura selecta que el hombre ha sabido ir edificando con el tiempo, es un acto de felonía contra el Estado de Derecho, una acción que desprecia a la mayoría real e inmanente, distinta de la coyuntural y recurrente que aborrece el consenso, ante los previsibles efectos que tendrá este “compromiso personal” del presidente, pues no habrá en el futuro medio eficaz para proteger el orden público en situaciones similares. 

Parecería que no se diera cuenta de que los actos de ejecución del delito, esto es, la declaración de independencia, fueron ratos y consumados, al margen de que no pudieran desplegar sus plenos efectos al escapar unos y ser detenidos el resto. Parecería que nunca haya pensado que sus protagonistas sabían leer y, por supuesto, capaces de valorar las consecuencias penales de sus actos y que, pese a todo, se atrevieron a hacerlo. Imaginemos qué serán capaces de hacer ahora, rehabilitados, o con la futura reducción radical de las penas. 

Sin embargo, el presidente de la Nación, el más indicado para valorar el noble papel que el destino ha puesto en sus manos, como si pudiera levitar dos metros por encima del suelo, en esta apuesta personal actúa sin conciencia alguna, olvidando que hasta Robespierre, jacobino declarado como él, tras su golpe de Estado antimonárquico, murió decapitado por la República que tanto defendió. 

Su decisión, evitando todo informe de los órganos consultivos, como el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, supone de facto, anular los efectos de las sentencias de condena, ridiculizar al poder judicial frente a nuestra sociedad en todos los sentidos, no solo para este fin, pues es el único poder del Estado de Derecho capaz de poner orden con el simple ejercicio racional y cívico que los propios ciudadanos nos hemos dado para convivir. 

Pronto olvida el presidente que España ha sufrido innumerables golpes de Estado, muchos actos de rebelión y de sedición a lo largo de su Historia, Porlier, del Riego, Torrijos, Cardero, el Motín de La Granja, Pavía, Martínez Campos, Villacampa del Castillo, Primo de Rivera, Segundo García, Sánchez Guerra, Fermín Galán, Queipo de Llano, Sanjurjo, Largo Caballero y Lluis Companys aliados en 1934 (debe ser éste su modelo), y el alzamiento de Francisco Franco. El más reciente fue el golpe del año 1981, protagonizado por Tejero, además de este último intento frustrado de Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, que todos pudimos presenciar estupefactos. Y es que esta arquitectura perfecta falla si cercenamos las normas que protegen el orden público para legitimar lo ilegítimo, para estimular de nuevo lo que ya ha sucedido. 

Dicen que este presidente, al que llaman “felón”, como dijeron de Fernando VII, ha olvidado pronto, pues su Memoria Histórica es otra, la única a la que realmente sirve. Pues no debería olvidarlo.