El concepto del bien común ha estado siempre ligado a los objetivos que deben perseguir aquellos que ejercen la acción de gobierno en todos los ámbitos de la sociedad. Sus decisiones deben beneficiar a la totalidad de los ciudadanos de una comunidad o, por defecto, a la mayor parte por encima de los deseos o aspiraciones individuales. Ya lo acuñaron los filósofos griegos en el siglo IV a. C., concretamente Aristóteles y Platón. Y en la Edad Media Santo Tomás de Aquino, en la tradición escolástica, afirmaba que “toda ley se ordena al bien común”.

En los tres años de presidencia de Pedro Sánchez estamos asistiendo a la muerte de este concepto fundamental en toda acción de gobierno. Y, como botón de muestra, me referiré sólo a algunos ejemplos de los muchos que se han producido. El Ejecutivo socialcomunista (la gran mayoría de los cargos de Podemos proceden del PCE) ha concedido indultos a los principales promotores del golpe de Estado en Cataluña en 2017 con el rechazo del Tribunal Supremo, de varios presidentes socialistas de comunidades autónomas, de la oposición en bloque y de numerosas asociaciones al considerar que no sólo no se han arrepentido de sus actos, sino que han asegurado que lo volverían a hacer. Los beneficiados han sido los nueve indultados y los cerca de dos millones de independentistas que les apoyan ante 47 millones de la población española.

El Gobierno ha apoyado la marginación del castellano en Cataluña para evitar que se imparta en los centros de educación el 25% de las clases en la lengua que es oficial en todo el Estado como recoge la Constitución, de tal forma que se impide a los alumnos estudiar en la lengua común de todos. Y empieza a producirse la marginación del castellano en la Comunidad Valenciana y en Baleares, gobernadas por el PSOE y los nacionalistas-separatistas.

El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, lleva cuatro años acercando a presos etarras, incluso con delitos de sangre, a las cárceles del País Vasco y Navarra y ha transferido las competencias de prisiones a la administración vasca, que ha empezado a conceder beneficios penitenciarios cuando no se han arrepentido de sus crímenes. Esta medida, adoptada a cambio de los votos de los parlamentarios de Bildu en el Congreso, ha beneficiado a más de 200 terroristas y a unos 300.000 vascos que les apoyan de los más de dos millones que viven en esta comunidad autónoma y de los 47 millones de españoles.  

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha iniciado el trámite para abolir el delito de sedición por el que fueron condenados en Cataluña aquellos que se “alzaron pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o al margen de las vías legales la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”, como señala el artículo 544 del Código Penal. Los beneficiados serán los nueve condenados por el golpe de estado, los cuatro fugados y los cerca de dos millones de independentistas que les apoyan de los 8,4 millones de catalanes y los 47 millones de españoles.

Pedro Sánchez ha concedido a los gobiernos vasco y catalán 1.200 millones de euros extras para que los parlamentarios separatistas apoyen los presupuestos de 2023 en el Congreso. Se da la paradoja de que son dos de las comunidades autónomas con mayor renta por habitante y resultan premiadas, con los privilegios ‘feudales’ que tiene la administración vasca. Los beneficiarios, en potencia, serían unos 10 millones de habitantes por 47 millones de españoles.

El sectarismo es una de las señas de identidad de este Gobierno, que ha huido en todo momento del bien común.