La Oficina de Proyectos Europeos de CEOE ha elaborado un informe de Seguimiento de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) en el que se observa que el ritmo de publicación y adjudicación de estas convocatorias, aunque se ha acelerado, es todavía muy lento.

Concretamente, el importe de convocatorias publicadas hasta la fecha es de 9.372 millones de euros, el 28,3% de los algo más de 33.000 millones de euros de inversión previstos para los once Perte anunciados por el Gobierno. A estos Perte habría que sumar el orientado a la descarbonización de la industria, pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros en próximas semanas.

Por su parte, el montante de las convocatorias adjudicadas asciende a 3.028 millones de euros, apenas el 9,1% de la inversión pública comprometida.

Estos proyectos constituyeron una de las principales novedades del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia diseñado por el Gobierno de España a principios de 2021 para acceder a los 69.500 millones de euros de subvenciones del paquete Next Generation.

Como señala el informe, los Perte son instrumento “muy interesante en su naturaleza y espíritu para impulsar la colaboración público-privada” y el desarrollo de sectores estratégicos de la economía española.

Por ello, el éxito de los Perte radica en una eficiente, rápida y adecuada implementación de las diferentes actuaciones que contemplan, con un amplio paquete de ayudas públicas en forma de licitaciones, convenios y convocatorias.

Barreras a los beneficiarios

Por el contrario, desde el lanzamiento del primer Perte en julio de 2021, la ejecución de los planes presenta barreras importantes para el conjunto de beneficiarios, especialmente para las pymes agrupadas en tres grandes categorías.

Entre ellas destacan la todavía baja velocidad en la publicación de las convocatorias; una necesidad de mayor flexibilidad y menor complejidad en el acceso a las ayudas; y una falta de detalle y actualización periódica de la información en relación a la llegada de los fondos asociados a los Perte a la economía real.

En este sentido, el informe hace hincapié en que es especialmente importante que en las convocatorias donde sea necesario presentar proyectos a través de consorcios se reduzca la carga burocrática y se incremente la flexibilidad en el diseño de los proyectos, superando la excesiva atomización exigida hasta la fecha.

Asimismo, consideran que sería necesario facilitar la participación de pymes y autónomos, resolviendo la responsabilidad solidaria de las empresas y reduciendo la exigencia de garantías bancarias para el acceso a los fondos.

En la situación económica actual, con una necesidad de reforzar de manera rápida la autonomía estratégica de España en capacidades clave, tal y como solicita la Comisión Europea, es necesario acelerar la publicación de convocatorias en sectores fundamentales, como el agroalimentario o la economía circular.

Colaboración público-privada

En un contexto en el que la colaboración público-privada debe ser fundamental para el despliegue del Plan, no es razonable que se utilice el Perte de economía social y de los cuidados para promover determinados modelos empresariales que excluyan a aquellos con ánimo de lucro, ya que todas las empresas son de interés económico general.

En palabras del secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz, “es fundamental asegurar que las bases reguladoras de las convocatorias son suficientemente flexibles para el encaje de los proyectos empresariales, con el objetivo de incentivar la concurrencia de las grandes empresas y las pymes y garantizar la ejecución del presupuesto completo destinado a las mismas”.

En esta misma línea, el secretario general de CEOE recuerda “la importancia de que las empresas perciban una agilidad administrativa real, así como una reducción notable de la carga burocrática, por ejemplo, en la necesidad de aportar garantías por parte de las pymes”. Asimismo, recuerda que “desde CEOE llevamos tiempo pidiendo un refuerzo del papel del sector financiero en la ejecución de los Perte, con el fin de asegurar la máxima capilaridad de las ayudas y el refuerzo de nuestra autonomía estratégica en sectores clave”.