La gestión de los fondos Next Generation vuelve a estar en duda. Al respecto, desde el sindicato CSIF consideran que estas ayudas (Programa PREE 5000, Programa de ayudas Plan MOVES III, etc) deben ser tramitadas totalmente por empleados públicos, al ser esta una de sus bases reguladoras.

Actualmente se tramitan mediante programas, y dada la pronta finalización de estos, CSIF subraya su preocupación, "ya que si se externalizara esta tramitación se estaría incurriendo en un grave incumplimiento de las bases reguladoras de estos fondos".

Desde Europa se duda que empresas públicas puedan efectuar esta gestión, y está claro que en ningún caso se podrá subcontratar a empresas totalmente privadas para esta tramitación.

En este sentido, CSIF advierte que, en caso de incumplimiento, "serían los ciudadanos perceptores los que tendrían que devolver las ayudas concedidas, lo que supondría un grave perjuicio a la economía familiar".

El sindicato defiende que la consejería debería seguir contratando de forma directa a los empleados públicos necesarios para estas tareas, dada su experiencia profesional; porque lo contrario supondría reconocer la ineficacia de los gestores políticos de la administración para gestionar sus propias competencias regionales.