La organización profesional agraria COAG-IR advierte que los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia a los que representa están encontrando grandes dificultades para absorber y aplicar con absoluto rigor todo el volumen normativo que se les ha impuesto recientemente, y que se agrega al ya extenso y complejo marco de obligaciones que deben observar y cumplir, por lo que solicita al Ministerio de Agricultura una moratoria en los plazos, que permita al sector asumir todos los cambios, que son numerosos, diversos y exigentes.
El pasado 29 de diciembre de 2022 fueron publicados en el BOE, además del amplio paquete normativo referente a la aplicación de la nueva PAC en España, incluyendo todo los aspecto relacionados con la nueva “condicionalidad reforzada”, otra serie de Reales Decretos, como el Real Decreto 1050/2022, que establece el nuevo marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios; el Real Decreto 1051/2022, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios; y el Real Decreto 1054/2022, por el que se establece y regula el Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, así como el Registro autonómico de explotaciones agrícolas y el Cuaderno digital de explotación agrícola.
José Miguel Marín, presidente de COAG-IR, señala que “toda esta normativa va a afectar severamente la forma de gestionar las explotaciones y a las prácticas agrarias que se debe realizar en las mismas, conllevando, además, nuevas exigencias burocráticas en esta gestión y la asunción de nuevos costes que, en muchos casos, pueden llegar a hacer inviable algunas actividades agrarias y a encarecer la producción de alimentos”.
COAG-IR Murcia insta al Ministerio, para evitar situaciones de desamparo, a una moratoria en los plazos de entrada en vigor previstos en estos Reales Decretos, de manera que diera tiempo a clarificar, por parte del sector, todas las incertidumbres que sobre su aplicación se plantean y se pusieran en marcha los mecanismos que posibiliten una aplicación razonable de las nuevas exigencias en la gestión las explotaciones agrarias que en ellos se establecen.
