España recupera el estatus de país libre de viruela ovina y caprina, una vez que el Ministerio de Agricultura haya levantado la zona de restricción adicional para controlar el brote, tras no detectarse ningún foco desde mayo de este año. El primer caso se detectó el 19 de septiembre de 2022.

Durante este año, el Ministerio ha desplegado un intenso trabajo de vigilancia, control y erradicación de la enfermedad, en coordinación con los servicios veterinarios de las comunidades autónomas y con el propio sector. Gracias a este trabajo ha sido posible suprimir las medidas de restricción aplicadas al movimiento de ganado y recuperar este martes el estatuto de país libre de una patología que no se detectaba en España desde 1968.

Desde que se detectara la viruela ovina y caprina se han confirmado un total de 30 focos de la enfermedad, que se han repartido por varias explotaciones de Andalucía y Castilla-La Mancha. El último se detectó en una explotación de Casas de Fernando Alonso, en la provincia de Cuenca, el 17 de mayo de este año.

Desde entonces no se han detectado nuevos casos y se ha constatado una mejora de la situación epidemiológica que ha permitido al ministerio, una vez superados los plazos establecidos en la normativa comunitaria, suprimir las restricciones al movimiento de ganado establecidas en el conjunto del territorio nacional. De esta forma, concluyen las medidas sanitarias adoptadas por el brote y se retoma la actividad ganadera normal en las cuatro provincias de Castilla-La Mancha que permanecían restringidas.

La gravedad de la enfermedad de la viruela ovina y caprina requiere que las autoridades competentes lleven a cabo el sacrificio obligatorio e inmediato de todos los animales presentes en las explotaciones en las que se detectan casos. Además, es necesario aplicar estrictas restricciones al movimiento de animales en amplias zonas alrededor de los focos declarados, restricciones que, en Castilla-La Mancha, se han prolongado durante meses, todo ello siguiendo los protocolos de la normativa comunitaria.

El coste derivado del pago de las indemnizaciones por el sacrificio de los animales a los ganaderos (4,1 millones de euros), limpieza y desinfección de explotaciones, analíticas de laboratorio y contratación de personal veterinario de refuerzo ha supuesto un desembolso de 8 millones de euros, de los que el Ministerio de Agricultura financia aproximadamente el 62% y el resto lo aportan las comunidades autónomas.