La sección 5ª de la Sala Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha resuelto en sentencia condenar a la Generalitat a pagar 80,9 millones de euros a Renfe por la ampliación de los servicios de Cercanías que se han ido creando a petición del gobierno catalán en los últimos años, tras el traspaso de 2010.
La compañía habría reclamado este importe al departamento de Territori pero este no lo habría abonado argumentando que buena parte del coste corresponde al canon ferroviario que se paga por circular por la infrasestructura de Adif, y que es competencia del ministerio de Transporte.
La sentencia no es firme y admite recurso de casación.
