
El número de lanzamientos (desahucios) practicados por los juzgados de Instancia en la Región de Murcia durante el segundo trimestre de 2023, 429 en total, volvieron a experimentar una reducción del 21,4% respecto al mismo trimestre de 2022, consolidando así la tendencia a la baja que viene produciéndose desde el último trimestre de 2021.
De estos lanzamientos 77 (el 44,3% del total) fueron consecuencia de procedimientos por impago derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 76 (44,7%) se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 21 restantes obedecieron a otras causas.
Poniendo en relación el número de lanzamientos en el país con la población existente, la Región de Murcia se sitúa como la segunda comunidad autónoma en la que se practican más lanzamientos por ejecución hipotecaría por cada 100.000 habitantes, con una tasa de 4,9; sólo por detrás de Cataluña, que registró una tasa de 5,3.
Reducción interanual del 50,4% de las ejecuciones hipotecarias
En el segundo trimestre del año los juzgados de Instancia de la Región de Murcia registraron 195 ejecuciones hipotecarias por, un 50,4% menos que en el mismo periodo de 2022. Reducción que supera la del 17,3%, registrado a nivel nacional.
A pesar de ello, atendiendo a las ejecuciones hipotecarias registradas en relación con la población, destacan Valencia, Castilla la Mancha, Cataluña y Murcia, con 12,6 por cada 100.000 habitantes, como las comunidades con un mayor número de demandas en el periodo de referencia.
Por otra parte, los procedimientos monitorios registrados en el segundo trimestre de 2023 en la comunidad autónoma, también en los juzgados de Instancia, fueron 6.589, lo que supone un descenso interanual del 12,7%. Descenso regional que contrasta con el incremento del 36,7% en el conjunto nacional de procedimientos registrados para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles.
Los juicios por okupación caen a la mitad
Entre abril y mayo se registraron en los órganos judiciales de la Región de Murcia 18 juicios verbales por okupación ilegal de viviendas (para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social), un 50% menos que un año antes. En este periodo se han resuelto 24 procedimientos de este tipo y 122 se siguen tramitando.

