En la  jornada organizada por la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ofreció un análisis sobre la situación y perspectivas de la economía española. Acompañada por destacados expertos como Raymond Torres, Desiderio Romero y Santiago Lago Peñas, Herrero repasó las previsiones recientes de la Institución, actualizadas en el Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas (AAPP) publicado en abril.

Según las estimaciones, se espera un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2% en 2024, con una posterior desaceleración al 1,5% en 2028, convergiendo gradualmente al potencial de la economía a largo plazo. En cuanto al ámbito fiscal, se proyecta un déficit público del 3% del PIB en 2024, estabilizándose alrededor del 3,2% a medio plazo.

Sin embargo, estas proyecciones chocan con las demandas del nuevo marco de gobernanza fiscal europeo, que exige a los países con deuda superior al 60% del PIB presentar un plan fiscal estructural a medio plazo para asegurar la sostenibilidad. Este plan debe garantizar que la deuda se mantenga en una senda descendente en los próximos 10 años y que el déficit se sitúe por debajo del 3% del PIB.

La autoridad calcula que este ajuste anual podría rondar el 0,63% del PIB si se realiza en 4 años o el 0,43% anual si se extiende a 7 años. Este año, todas las Administraciones Públicas deberán presentar sus primeros presupuestos consistentes con este plan fiscal, lo que representa un gran desafío dado el alto nivel de descentralización de la economía española y la asimetría en el control de variables clave como la deuda y el gasto primario neto de medidas.

En este contexto, la AIReF ha formulado recomendaciones, instando a vigilar la ejecución presupuestaria y adoptar medidas para corregir el aumento del gasto, evitando un deterioro estructural de las cuentas a medio y largo plazo. Asimismo, se ha destacado la importancia de iniciar el diálogo y los trabajos para la elaboración del plan fiscal estructural, reconociendo los desafíos que presenta el alto nivel de descentralización en España y las presiones sobre áreas críticas como la sanidad y la dependencia debido al envejecimiento de la población.