El creciente miedo a la okupación y la inseguridad jurídica en torno a la recuperación de inmuebles están desalentando a muchos propietarios de alquilar sus viviendas en España. Según datos del Colegio de Economistas de Catalunya y del Institut Cerdà, a finales de 2022, se contabilizaban 78.800 viviendas ocupadas en el país, y solo en 2023 se registraron más de 15.000 denuncias adicionales por ocupación ilegal.

Abel Marín, abogado y socio del bufete Marín & Mateo Abogados, advierte sobre los efectos negativos que estas circunstancias están teniendo en el mercado de alquiler. "Muchos propietarios están sacando sus inmuebles del mercado de alquiler debido al miedo de no poder recuperarlos en caso de impago y a los extensos procedimientos legales que esto implica", afirma Marín, destacando que estas leyes, aunque pretenden proteger a los colectivos más vulnerables, están teniendo “efectos contraproducentes” al reducir la oferta de viviendas en alquiler y, en consecuencia, aumentar los precios.

Este aumento de precios impacta de manera desproporcionada a las personas con menos recursos, precisamente el grupo que las normativas pretenden proteger. El abogado  subraya que muchos inquilinos pueden declararse vulnerables si el coste del alquiler y los suministros supera el 35% de sus ingresos, lo que les protege ante los desahucios, complicando aún más la situación para los propietarios.

Además, la posibilidad de que los arrendadores soliciten compensaciones económicas por la suspensión de desahucios no es garantía de resolución, ya que las comunidades autónomas, responsables de estas compensaciones, enfrentan una incertidumbre por la falta de presupuesto asignado para estas indemnizaciones. "Las leyes actuales se inclinan a favor del derecho a una vivienda digna, pero también se garantiza el derecho a la propiedad privada en la Constitución, lo que plantea una compleja situación sobre cuál debe prevalecer", concluye Marín, señalando que esta situación no hace más que agravar la crisis de la vivienda en España.