Ataca la adaptación de los planes de estudios al Proceso Bolonia y, especialmente, los itinerarios de grado y los máster
El rectorado de la Universidad de Murcia ha emitido hoy un comunicado en el que pretende aclarar sus críticas hacia la Universidad Católica (UCAM).
En la nota se afirma que la UMU no ha pretendido en ningún momento ofender ni a la propia Universidad Católica San Antonio “ni a sus colectivos de profesores, alumnos y sus familiares y personal de administración y servicios”. Se trata, dice la universidad pública, de un centro creado al amparo del ordenamiento jurídico vigente, “por lo que nada tenemos que opinar sobre este aspecto”.
Sin embargo, se reafirma en que desde la Universidad de Murcia no se comparten determinadas decisiones que, en los últimos tiempos, ha tomado la dirección de la UCAM en lo concierte a la adaptación al Proceso de Bolonia; “sobre todo, en relación con licenciaturas y diplomaturas y, en especial, con el itinerario de grado y máster.
Por último, la UMU aclara que no ha promovido nunca, “ni promoverá”, campaña de desprestigio alguna, ni se opondrá a las decisiones que cuenten con el necesario, “y exigible”, respaldo legal y no supongan un trato discriminatorio.
En la nota se afirma que la UMU no ha pretendido en ningún momento ofender ni a la propia Universidad Católica San Antonio “ni a sus colectivos de profesores, alumnos y sus familiares y personal de administración y servicios”. Se trata, dice la universidad pública, de un centro creado al amparo del ordenamiento jurídico vigente, “por lo que nada tenemos que opinar sobre este aspecto”.
Sin embargo, se reafirma en que desde la Universidad de Murcia no se comparten determinadas decisiones que, en los últimos tiempos, ha tomado la dirección de la UCAM en lo concierte a la adaptación al Proceso de Bolonia; “sobre todo, en relación con licenciaturas y diplomaturas y, en especial, con el itinerario de grado y máster.
Por último, la UMU aclara que no ha promovido nunca, “ni promoverá”, campaña de desprestigio alguna, ni se opondrá a las decisiones que cuenten con el necesario, “y exigible”, respaldo legal y no supongan un trato discriminatorio.

