Siete empresarios de la Región de Murcia han reconocido ante la justicia haber pagado a menores de edad a cambio de mantener relaciones sexuales. Sin embargo, evitarán ingresar en prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que ha reducido sus penas a cinco meses de cárcel por cada delito cometido. Al no superar los dos años de condena y siempre que cumplan con el pago de la responsabilidad civil, podrán evitar el cumplimiento de la pena, tal como ha confirmado la Audiencia Provincial de Murcia.

En la misma causa están implicados otros seis acusados, todos ellos relacionados con la red de captación y explotación sexual de menores, quienes también han pactado con la Fiscalía para obtener penas menores. Las penas combinadas no superan los dos años de cárcel, por lo que tampoco se espera que ingresen en prisión.

Los hechos ocurrieron hace casi una década, en 2015, cuando la Policía Nacional desmanteló una red de prostitución que captaba a jóvenes de entre 14 y 17 años en colegios, discotecas o a través de anuncios en Internet. Las menores eran llevadas a pisos de alterne o a domicilios privados en Murcia y sus alrededores, donde ofrecían servicios sexuales por entre 80 y 200 euros, de los cuales las víctimas solo recibían una parte.

La investigación se inició en 2014 tras la desaparición de una menor, cuyos padres alertaron a la Policía debido a su inusual nivel de vida sin ingresos conocidos. La menor fue localizada en un piso en Murcia junto con otras chicas, algunas de ellas también menores de edad, que estaban siendo explotadas sexualmente.

El juicio estaba previsto para este miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, pero el acuerdo alcanzado entre las defensas y la Fiscalía ha evitado la celebración del mismo. Entre los implicados se encuentran tres mujeres que actuaban como 'madames', responsables de captar a las menores en colegios y discotecas, así como dos hombres que facilitaban los traslados. También se incluye a una mujer que hacía de intermediaria entre las menores y los explotadores.

Inicialmente, la Fiscalía pedía siete años de prisión para los responsables de la red y cuatro años para cada uno de los clientes. Sin embargo, las penas se redujeron a cinco meses de cárcel tras el pacto, lo que les permitirá eludir la prisión.