El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un anteproyecto de Ley que introduce nuevas obligaciones tributarias para los proveedores de criptomonedas. Esta medida forma parte de la transposición de la Directiva DAC8 de la Unión Europea, que establece grandes cambios normativos sobre las obligaciones de información en el mercado de los criptoactivos.

Entre las principales modificaciones, el anteproyecto reemplaza el concepto de "moneda virtual" por el de criptoactivo y amplía las obligaciones informativas, tanto para criptomonedas situadas en el extranjero como para saldos en criptoactivos. Esto permitirá a las autoridades tributarias 'mejorar' el intercambio internacional de información fiscal y reforzar los mecanismos de transparencia y lucha contra el fraude.

Asimismo, la Ley General Tributaria también se verá modificada para reconocerlas  como bienes susceptibles de embargos, junto a otros bienes y derechos situados en entidades de pago y dinero electrónico.

Según el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, estas modificaciones responden a la rápida evolución de los servicios bancarios y las tecnologías de registro de criptoactivos, proporcionando un marco regulatorio más robusto para el control fiscal y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.