El informe de 2022 de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRES), presentado por su presidenta María Luisa Araújo en el Congreso, revela que la mitad de los contratos públicos en España proviene de entidades locales, pero si se observa el importe total de las licitaciones, el 40% fue gestionado por los gobiernos autonómicos.

Más de 183.000 contratos públicos en 2022

El informe detalla que en 2022 se impulsaron 183.277 licitaciones en todo el país, de las cuales 91.754 corresponden a entidades locales, 49.774 a gobiernos autonómicos, y 41.749 a organismos estatales. Estas licitaciones sumaron un valor de 100.692 millones de euros.

Las autonomías lideran en valor, el sector local en número de contratos

A pesar de que las entidades locales firmaron la mayoría de los contratos, el sector autonómico fue el que gestionó el mayor importe, con un total de 40.673 millones de euros, seguido por el sector local, con 33.382 millones, y el sector estatal, con 26.636 millones.

Servicios: el sector más beneficiado

El sector más beneficiado por estas licitaciones fue el de servicios, que representó más del 41% de los contratos firmados durante el año. Esto refleja la tendencia hacia la externalización de servicios públicos y la contratación de proveedores especializados.

Tiempo medio de tramitación: cuatro meses

El tiempo medio de tramitación de los contratos públicos alcanzó los 126,88 días (algo más de cuatro meses), con una media de 3,22 licitadores por procedimiento, lo que indica una concurrencia moderada en las licitaciones.

Incumplimientos en licitaciones

María Luisa Araújo también destacó los incumplimientos detectados en las licitaciones, que varían según el ámbito:

• Ámbito estatal: los incumplimientos suelen ocurrir en la fase preparatoria, debido a la falta de planificación.
• Ámbito autonómico: se centran en la autorización del gasto.
• Ámbito local: los problemas más comunes surgen en la ejecución de las licitaciones.

Entre los problemas detectados, la presidenta de la OIRES subrayó la falta de publicidad en la programación de la contratación y la insuficiente justificación de los criterios de adjudicación o del procedimiento elegido, lo que afecta a la transparencia y eficiencia de los procesos.