La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha denunciado la instalación de nuevas carpas en el campamento del antiguo hospital del Naval para ampliar su capacidad y acoger a 300 personas adicionales, lo que elevaría el total a casi 1.100 personas. Según ha explicado Arroyo, el Ayuntamiento tuvo que llevar a cabo una nueva inspección después de que el consistorio se enterara de manera que calificó de "desleal" por parte del Ministerio de la instalación de las carpas. Esta actuación incumpliría el acuerdo firmado previamente con la Secretaría de Estado de Migraciones, que garantizaba que no se ampliaría la capacidad del campamento y que se trabajaría en un escenario de provisionalidad con vistas al cierre del campamento lo antes posible.

Tras la inspección, los técnicos municipales han decretado la suspensión de las obras, ordenando el precintado de las nuevas carpas y estableciendo un plazo de cuatro días para que se retirara la maquinaria y se desmontaran las estructuras instaladas. Es la segunda ocasión en la que se decreta una suspensión en el campamento por el mismo motivo, pues ya se había iniciado un expediente anteriormente debido a obras realizadas sin licencia, incumpliendo la normativa urbanística.

Arroyo ha criticado duramente la política de inmigración gestionada por la Secretaría de Estado de Migraciones, calificándola de "desastrosa", y ha señalado que los problemas en la gestión no se pueden resolver con "más errores". La alcaldesa ha reiterado su opinión de que es un error trasladar a inmigrantes a Cartagena, una ciudad que ya tiene problemas con la llegada de pateras. También ha subrayado que el campamento del Hospital Naval, cerrado durante 20 años, no reúne las condiciones de seguridad necesarias para alojar a 1.100 personas, lo cual, según ella, "representa un riesgo tanto para los inmigrantes como para la convivencia en el municipio".

La alcaldesa ha cuestionado la forma en que el Ministerio ha actuado, sin informar al Ayuntamiento, y ha señalado que, si el Ministerio sigue incumpliendo las normativas urbanísticas, el Ayuntamiento no tiene otra opción que abrir expedientes sancionadores. Ha añadido que, aunque no es del agrado del consistorio sancionar a otras administraciones, se ven obligados a hacerlo cuando se producen incumplimientos.

Arroyo ha mencionado también que en otras regiones de España se están viviendo situaciones similares. Puso como ejemplo al presidente de Castilla-La Mancha, García-Page, quien ha denunciado recientemente que se enteró de forma "desleal" de los planes del Ministerio para utilizar un aeropuerto en Ciudad Real, actualmente sin uso, para albergar inmigrantes. La alcaldesa ha resaltado que, si una instalación moderna como un aeropuerto no es considerada adecuada, menos lo es una instalación antigua que ha estado sin uso durante dos décadas, como es el Naval.

La orden emitida por los técnicos municipales estipula que las tres carpas nuevas, con capacidad para 300 personas más, deben ser precintadas, y se debe retirar la maquinaria utilizada en la última semana. Según Arroyo, el incumplimiento de esta orden podría derivar en un procedimiento sancionador, aunque no ha especificado la cuantía exacta de la sanción, ya que el expediente está siendo revisado por el servicio de urbanismo.

Sobre las condiciones para que las carpas sean legales, la alcaldesa ha indicado que algunas están ubicadas en una zona inundable, por lo que se debería informar a la Confederación Hidrográfica del Segura y cumplir con los requisitos establecidos por la normativa urbanística, igual que cualquier otra institución o empresa.

Finalmente, Arroyo ha insistido nuevamente en que el campamento del hospital del Naval no es una ubicación adecuada para concentrar a tantas personas, ya que "la explanada de un aparcamiento de un hospital en desuso no garantiza las condiciones de seguridad necesarias". Ha subrayado también que, en caso de ocurrir algún incidente, la responsabilidad recaería en el Ayuntamiento, lo que obliga a la administración local a hacer cumplir la normativa.