El Ministerio de Consumo ha iniciado una investigación a empresas de gestión de alquileres por imponer comisiones injustificadas y obligar a los inquilinos a firmar contratos temporales sin motivos justificados. Estas prácticas están prohibidas por la Ley de Defensa de los Consumidores y podrían acarrear sanciones de hasta un millón de euros si se consideran infracciones muy graves.

Desde el departamento, encabezado por Pablo Bustinduy, señalan que estas acciones vulneran el derecho a la vivienda, amparado por la Ley de Arrendamientos Urbanos, y constituyen una violación de las normas de protección del consumidor. Las infracciones podrían incluir la imposición injustificada de condiciones no solicitadas y el uso de cláusulas abusivas, que podrían ser sancionadas con multas de hasta seis veces el beneficio obtenido de forma ilícita.

La Dirección General ha señalado que continuará con las inspecciones y verificaciones en todo el territorio nacional para garantizar el cumplimiento de la normativa y proteger los derechos de los consumidores.

Además, desde Consumo han recordado que los inquilinos afectados por este tipo de cláusulas abusivas tienen derecho a reclamar y a recibir asistencia legal para la protección de sus derechos.