Airbnb ha solicitado al Gobierno español la creación de una normativa justa y proporcionada para el alquiler de corta duración, en respuesta a la consulta pública abierta por el Ministerio de Vivienda. La compañía ha expresado su preocupación por el real decreto en preparación, ya que considera que introducirá requisitos adicionales que podrían aumentar la carga administrativa para aquellos que desean compartir sus hogares, desviándose del propósito de la regulación europea.

Según la empresa, la UE aboga por normas locales específicas y proporcionales, con "Puntos Únicos de Entrada" para centralizar los datos de diferentes agentes y facilitar la cooperación técnica entre gobiernos y plataformas. 

 También advierten que las regulaciones excesivas podrían perjudicar a la industria y limitar el acceso de las familias locales a los beneficios del turismo, especialmente en áreas rurales donde el hospedaje es, en muchos casos, "un salvavidas económico". 

En este contexto, Airbnb ha reafirmado su disposición de colaborar con el Ejecutivo y las autoridades regionales para desarrollar una legislación que proteja el bienestar económico de los anfitriones, preserve las comunidades locales y fomente un turismo responsable, facilitando el registro y el cumplimiento de normas equitativas para los anfitriones en España.