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MEDIDAS

El sector turístico rechaza el nuevo registro documental y estudia acciones legales contra su aplicación

Los empresarios denuncian inseguridad jurídica y desventaja competitiva tras su inminente entrada en vigor

Europa Press Sábado, 30 de Noviembre de 2024 Tiempo de lectura:
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El sector turístico español se enfrentará a un desafío regulatorio importante con la inminente entrada en vigor del Real Decreto 933/2021 este 2 de diciembre. La normativa, que establece un nuevo registro documental, ha sido ampliamente criticada por agencias de viajes, hoteleros y otros actores de la industria, quienes ya estudian acciones legales para frenar su aplicación.

 

Las principales objeciones apuntan a la inseguridad jurídica, la carga administrativa desproporcionada y su posible incompatibilidad con la normativa de la UE. El Real Decreto exige un gran volumen de datos personales, incluidos los de tarjetas de crédito de los viajeros, lo que las asociaciones consideran una violación de las normativas de protección de datos.

 

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha alertado sobre los efectos negativos tanto para turistas internacionales como para españoles, señalando que “los trámites más complejos comprometerán la experiencia de alojamiento”.

 

Por su parte, la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) calificó la normativa como “inaceptable” y afirmó que continuará con sus planteamientos jurídicos. Además, la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave) denunció la falta de diálogo con el sector.

 

En Paralelo, el presidente de Fetave, César Gutiérrez, ha criticado la falta de respuesta del Gobierno pese a los informes que advertían sobre incompatibilidades legales.

 

Ante la falta de respuestas del Ministerio del Interior, las organizaciones están trabajando con expertos legales para evaluar la impugnación del decreto. Jorge Marichal, presidente de Cehat, afirmó que “defender los derechos de los viajeros y garantizar un entorno regulatorio justo es prioritario para el sector”.

 

Mientras tanto, CEAV exige una orden ministerial que excluya actividades específicas del registro y reduzca el volumen de datos requeridos. Las agencias también han acusado al secretario de Estado de Seguridad de negarse a reunirse con el sector durante este proceso.

 

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