Este  4 de diciembre concluye el plazo establecido por la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) para que las aseguradoras comuniquen los precios a los que aceptarían prestar servicio en el nuevo concierto sanitario para el periodo 2025-2027. La consulta preliminar, lanzada el pasado 21 de noviembre, busca recabar información sobre las primas y costes necesarios para ajustar la licitación tras quedar desierta la primera convocatoria.

A primera instancia se solicitó a las aseguradoras detallar los precios y desglosar costes directos e indirectos por grupo de edad y zona geográfica. La información será utilizada para poder ajustar las condiciones de la próxima licitación, que podría modificar la duración del concierto de los dos años inicialmente planteados a tres.

El objetivo es garantizar que los 1,5 millones de mutualistas, de los cuales más de un millón elige actualmente asistencia sanitaria concertada, sigan recibiendo los mismos servicios. Según la aseguradora, en caso de que la licitación no prospere, la Ley de Contratos del Sector Público permite prorrogar los servicios hasta nueve meses más por interés público.

La relación entre Muface y el sector asegurador ha estado marcada por desacuerdos económicos. La primera licitación, que proponía un aumento del 17,12% en las primas para 2025 y 2026, fue rechazada por las principales aseguradoras (Adeslas, Asisa y DKV), que la consideraron insuficiente para garantizar un servicio de calidad. Adeslas, incluso, ya ha comunicado a sus mutualistas que no se presentará al nuevo concierto y que su atención finalizará el 31 de enero.

La incertidumbre sobre el futuro del sistema ha llevado a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a convocar una manifestación en Madrid el próximo 14 de diciembre, exigendo al Gobierno medidas que aseguren una atención sanitaria de calidad para los mutualistas, señalando problemas como la suspensión de citas y operaciones médicas.

En paralelo, el Ministerio de Sanidad ha sugerido en un informe que Muface podría ser insostenible a largo plazo, planteando la viabilidad de que los funcionarios se integren al sistema sanitario público. Actualmente, la mayoría de los mutualistas opta por la asistencia sanitaria concertada, pero la falta de acuerdo con las aseguradoras plantea desafíos para la continuidad de este modelo