La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con la Inspección de Trabajo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha desarrollado en la comarca del Campo de Cartagena la operación ‘Jorke’, que ha permitido detectar a 10 ciudadanos extranjeros trabajando en una finca agrícola sin contrato de trabajo y que ha culminado con la detención de tres personas como presuntas autoras de delito contra los derechos de los trabajadores.

Dentro de los servicios establecidos para prevenir y perseguir la explotación laboral, la Guardia Civil se coordinó una vez más con la Inspección de Trabajo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para llevar a cabo una serie de inspecciones en el ámbito agrícola en fincas ubicadas en el término municipal de Cartagena.

En una de estas actuaciones los agentes detectaron a 10 personas que, al percatarse de la presencia policial, salieron corriendo. Después de identificarlos, se averiguó que se trataba de ciudadanos extranjeros sin permiso de residencia y trabajo.

Ante las sospechas de que se pudiera estar cometiendo un delito contra los derechos de los trabajadores, los agentes mantuvieron una entrevista con ellos, para lo que fue necesaria la colaboración de un intérprete ya que la mayoría apenas hablaba español.

Las pesquisas practicadas permitieron averiguar que estaban siendo víctimas de un supuesto entramado delictivo formado por tres individuos: la persona que los captaba, la que los trasladaba en furgoneta hasta las fincas y un empleador, este último vecino de Cartagena.

Los dos primeros, asentados en Lorca, valiéndose de la situación de necesidad de los trabajadores, les habían ofrecido jornales con sueldos muy por debajo a lo establecido en el convenio del sector agrícola.

Según se desprende la investigación, además de trabajar sin contrato, lo hacían en condiciones penosas y sin material de protección adecuado.

La operación ‘Jorke’ ha finalizado con la detención de tres personas como presuntas autoras de delito contra los derechos de los trabajadores y con la incautación de la furgoneta empleada en el transporte de los trabajadores, así como la de abundante documentación relacionada con el ilícito investigado.

Estos 10 trabajadores fueron atendidos e informados de los derechos que les asisten como víctimas de delito en España.

La investigación continúa abierta.