El Gobierno mantiene abierta la posibilidad de que el gran apagón eléctrico registrado este lunes 28 de abril en toda la Península tuviera su origen en un ciberataque. Aunque Red Eléctrica, principal operador del sistema, ha descartado que la caída se produjera en su red de transporte, el Ejecutivo considera que el diagnóstico no es concluyente y ha decidido ampliar la investigación a toda la cadena del sector energético.
La preocupación en Moncloa se centra en la alta interconexión entre Red Eléctrica y el resto de empresas del sector. "Hay que saber qué falló y en qué punto exacto", sostienen fuentes gubernamentales. Según su análisis preliminar, el fallo podría haberse producido en una instalación concreta de generación o distribución, vulnerable a un posible sabotaje digital.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha detectado que el suceso es compatible con una pérdida repentina de generación en el suroeste del país, posiblemente en la región de Extremadura, donde existen 35 instalaciones conectadas a la red. El desplome energético se produjo tras dos oscilaciones en la frecuencia del sistema: la primera fue contenida, pero la segunda provocó un colapso total, dejando sin suministro eléctrico a miles de usuarios y obligando al sistema a compensar la pérdida de hasta 15 gigavatios.
Ante la falta de respuestas claras por parte de las operadoras, el Consejo de Seguridad Nacional ha impulsado la creación de una comisión especial encabezada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. Participan también el Ministerio de Defensa, el Centro Criptológico Nacional (CNI) dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, el Estado Mayor, el Ministerio del Interior —a través del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y la Oficina de Coordinación Cibernética—, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y el Consejo de Seguridad Nuclear.
Este órgano se ha reunido por primera vez este miércoles 30 de abril para revisar registros técnicos, analizar posibles vulnerabilidades y explorar todas las hipótesis, incluida la de un ataque informático. El Gobierno también ha solicitado a Bruselas un informe independiente a través del Grupo europeo de coordinación de electricidad.
Con el objetivo de recabar toda la información disponible, el presidente Pedro Sánchez reunió en la Moncloa a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, así como a directivos de Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona Energía y Naturgy. La instrucción fue clara: remitir cuanto antes todos los datos relacionados con la incidencia.
Sánchez ha mantenido en las últimas horas contactos con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ante la posibilidad de que España haya sido víctima de una acción hostil que comprometiera la estabilidad de su red eléctrica.
