Un año después de que entrara en vigor la reforma de la Ley Concursal, sólo nueve empresas han logrado esquivar el concurso de acreedores con una refinanciación de deuda homologada judicialmente.

En ese período, 7.966 empresas y particulares han tenido que acogerse al concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos), de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y de PricewaterhouseCoopers, lo que ha hecho que los expertos pongan en duda la regulación para avalar judicialmente una refinanciación de deuda.

Este instrumento fue incluido en la segunda reforma de la Ley Concursal, aprobada en octubre de 2011, con el objetivo de animar a la banca a refinanciar deuda de empresas sin temor a que un juez pudiera anularla, como había ocurrido con la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, y que además pudiera vincular al resto de entidades que no firmaran el acuerdo.

Sin embargo, en Madrid, el Juzgado de lo Mercantil número 2 acaba de homologar la primera refinanciación de deuda que se registra en los juzgados de la capital, casi nueve meses después de que el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Jaén hiciera lo propio con la primera pyme que pidió que se validara la operación que había firmado con parte de su banca acreedora.

"La verdad es que la homologación judicial de los acuerdos de refinanciación es una de las partes más defectuosas de la reforma de la Ley Concursal de 2011", resume el magistrado Carlos Nieto, titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid.

Los expertos se quejan de que las ventajas que ofrece que un juez valide una refinanciación de deuda son limitadas respecto a los riesgos que se corren y que, además, el actual contexto de crisis no favorece esas negociaciones.

"Cuando una empresa se presenta ante la banca con mucha antelación porque prevé que puede tener problemas de pago, las entidades no le hacen caso en la mayoría de las ocasiones porque están saturadas de situaciones de impago y se centran en lo urgente", lamenta Bernardo Gutiérrez de la Roza, socio del despacho Ramón Hermosilla & Gutiérrez de la Roza.

Las refinanciaciones de deuda, en general, son operaciones muy complicadas de cerrar, señalan los profesionales, porque las conversaciones se eternizan y pueden llegar a un año y porque las entidades financieras tienen poca liquidez y precisamente no quieren destinarla a empresas con problemas.

La última reforma de la Ley Concursal pretendía fomentar las inyecciones de dinero en empresas en dificultades, lo que "ha sido imposible que ocurriera porque hay un problema estructural de falta de liquidez absoluta", señala el titular del Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid, Javier Yáñez.

Este magistrado es muy crítico con la reforma porque considera que "algunas de las medidas que se han adoptado han pretendido atajar problemas distintos a los que existen", como las tendentes a agilizar los trámites.

"Si se aplicara la Ley Concursal al pie de la letra, el concurso de acreedores sería rápido, pero no hay medios materiales y personales suficientes", denuncia Yáñez, que gestiona una media de 100 concursos nuevos cada año, cuando el máximo debería ser 35, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Por lo que respecta a la regulación de las refinanciaciones de deuda, Carlos Nieto insiste en que "aunque la normativa vigente fuera de mayor calidad técnica, sin empresas viables ni posibilidad de concesión de crédito, los acuerdos de refinanciación no podrían prosperar (ni el número de concursos judiciales descender)". Y reconoce que, desde luego, "la oferta de crédito no es la óptima".