Más del 51% de las empresas europeas se muestra insatisfecha con el paquete Ómnibus que prepara la Comisión Europea para simplificar las normativas sobre sostenibilidad empresarial. Así lo recoge una encuesta a más de 1.000 compañías de todos los tamaños y países de la Unión, elaborada por el colectivo de profesionales #WeAreEurope junto a instituciones académicas como HEC París, LMU Múnich y CBS Copenhague.

En contraste, un 61% de las empresas consultadas afirma estar conforme con la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD). Según el estudio, esta normativa se percibe como alineada con las prioridades estratégicas del tejido empresarial y con la visión europea de responsabilidad corporativa.

Los autores del informe advierten que los datos cuestionan el discurso político que acompaña al paquete Ómnibus, presentado por Bruselas como una respuesta a las supuestas demandas del sector privado. “El respaldo a la CSRD se mantiene incluso entre los departamentos financieros, donde solo el 27% muestra insatisfacción”, destaca el estudio.

Apoyo mayoritario a la sostenibilidad, también entre pymes

La normativa CSRD es valorada positivamente por un 88% de las empresas, que la identifican como un refuerzo a la gestión de riesgos, la estrategia ESG (ambiental, social y de gobernanza) y la evaluación de impactos. Incluso entre las compañías más pequeñas, habitualmente consideradas las más afectadas por las exigencias regulatorias, el apoyo es elevado: el 57% de las empresas de entre 250 y 500 empleados la respalda, porcentaje que sube al 67% en las grandes corporaciones con más de 5.000 empleados.

Además, un 62% de las empresas considera que la directiva contribuye a reforzar la soberanía y la influencia de Europa en el ámbito económico global.

Aunque las empresas apoyan el marco regulador, sí demandan mejoras en su aplicación. El 86% coincide en que reducir el número de indicadores exigidos y avanzar en la automatización serían pasos clave para una implementación más eficaz.

En cuanto al umbral de empleados a partir del cual la CSRD debe aplicarse, el 49% prefiere aumentarlo de los 250 actuales a 500 trabajadores. Solo un 27% aboga por elevarlo hasta los 1.000, como plantea la Comisión. Curiosamente, entre las empresas de entre 500 y 1.000 empleados, el 56% desea mantenerse dentro del marco obligatorio.

Rechazo a los argumentos de desventaja competitiva

El estudio también desmonta uno de los principales argumentos críticos contra la CSRD: que supone una desventaja frente a competidores globales. Solo el 37% de las empresas comparte esa visión, mientras que el 46% la rechaza de forma rotunda.

Laurent Ortega, consultor en sostenibilidad y coordinador de #WeAreEurope en España, subraya que la mayoría de las empresas no reclaman normas más laxas, sino “claridad, proporcionalidad y apoyo en la implementación”. En sus palabras, “no todas las empresas tienen recursos para hacer lobby en Bruselas, y esta encuesta demuestra que las más críticas y ruidosas —como TotalEnergies o Siemens— no representan a la mayoría”.

“Las empresas europeas no ven estas normas como una amenaza frente a Estados Unidos o China. Al contrario: muchas consideran que la sostenibilidad es clave para su éxito futuro”, concluye Ortega.