La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es el brazo operativo del Estado en el ámbito empresarial, adscrito al Ministerio de Hacienda y heredera directa del histórico Instituto Nacional de Industria (INI), creado en plena posguerra. Nacida en 1995 para modernizar la gestión del patrimonio público en la economía de mercado, la SEPI agrupa hoy a 14 empresas participadas mayoritariamente, entre ellas Correos, Navantia, Tragsa, la Agencia EFE o Mercasa,  y mantiene presencia accionarial en otras diez compañías estratégicas como Telefónica, Indra, Enagás, Redeia o Airbus. Bajo su paraguas se articula una red de sectores clave, que combina la rentabilidad con el interés general, en una suerte de consejo empresarial del Estado.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha intensificado su papel como actor ejecutor de la política industrial del Gobierno español, consolidando su presencia en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, la defensa, la ciberseguridad y la inteligencia artificial. Esta estrategia responde a la necesidad de reforzar la autonomía estratégica de España en un contexto geopolítico cada vez más complejo.

Entre las operaciones más destacadas se encuentra la adquisición de un 10% de Telefónica, asegurando una participación significativa del Estado en una de las principales empresas de telecomunicaciones del país. Asimismo, la SEPI mantiene una participación del 27,99% en Indra, compañía clave en tecnología y defensa, cuya valoración ha aumentado un 16,8% en el último año, alcanzando los 919,5 millones de euros.

En el ámbito de la innovación tecnológica, la creación de la Sociedad Estatal para la Transformación Tecnológica (SETT), también conocida como "SEPI Digital", ha permitido canalizar inversiones en sectores emergentes. Destaca la financiación de 500 millones de euros para la construcción en Málaga de un centro de investigación y fabricación de semiconductores, el primero del Centro Interuniversitario de Microelectrónica (IMEC) fuera de Bélgica.

Además, el Gobierno ha aprobado una inversión de 1.157 millones de euros para reforzar las capacidades de España en ciberseguridad y ciberdefensa, complementando las actuaciones del Plan Nacional de Ciberseguridad. Esta medida busca mejorar la protección de infraestructuras críticas y adaptarse a los retos que presentan tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial y la computación cuántica. 

A pesar de que la SEPI registró una caída del 76% en su beneficio neto en 2023, logró resultados positivos por tercer año consecutivo, gestionando 14 empresas públicas y participando minoritariamente en otras 10, con una plantilla total que supera los 85.000 empleados.

Expertos y economistas abogan por una mayor intervención pública estructurada, similar a modelos europeos o chinos, para garantizar la competitividad, la seguridad económica y la defensa de los intereses nacionales. Sin embargo, se señala la falta de un plan estratégico formal del Gobierno español y la vulnerabilidad del modelo actual a intereses partidistas. 

Con estas acciones, la SEPI se consolida como un actor central en la política industrial española, liderando la reconquista estratégica del Estado en sectores clave para el futuro económico y tecnológico del país.