El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu - DAVID LOPEZ VILLALTA - Europa PressEl Gobierno de España ha elevado el tono en Bruselas para frenar la sangría industrial que amenaza a sectores clave de la economía europea. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha pedido a la Comisión Europea un “plan urgente y estructural” para incentivar la relocalización de la producción industrial dentro del territorio comunitario y evitar nuevas deslocalizaciones como la de ArcelorMittal, que ha anunciado el traslado de sus servicios administrativos a India.
“Estamos ante una cuestión de soberanía económica. Si no actuamos ahora, Europa perderá el músculo productivo que necesita para sostener su modelo de vida”, ha advertido Hereu en la reunión de ministros de Competitividad celebrada en Bruselas. El titular de Industria ha reclamado medidas específicas para blindar la industria del acero, el aluminio y el automóvil, considerados “estratégicos y vulnerables” por su alta exposición a la globalización.
Además del llamamiento político, España ha pedido a la Comisión que planifique con antelación la distribución de fondos europeos para apoyar la transformación industrial y acelerar la descarbonización, con un enfoque claro en pymes y empresas manufactureras. “No podemos esperar a que las fábricas cierren para actuar”, subrayó Hereu.
Otro de los focos de su intervención fue la necesidad de reforzar las infraestructuras energéticas comunes, especialmente las interconexiones de la península ibérica con el resto de Europa. El ministro alertó de la fragilidad del sistema tras los últimos apagones sufridos en el sur de España y reclamó inversiones prioritarias para garantizar el suministro en contextos de alta demanda.
Con esta ofensiva diplomática, el Gobierno español busca no solo evitar nuevas fugas industriales, sino también liderar el debate europeo sobre el futuro de la industria en un escenario marcado por la transición energética, la inteligencia artificial y la fragmentación geopolítica. La respuesta de Bruselas se conocerá en las próximas semanas, pero en Moncloa no descartan elevar la presión si la Comisión opta por una actitud pasiva.








