El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado una moción presentada por Podemos en apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores de Navantia y de sus empresas auxiliares. El texto ha contado con el voto favorable del Partido Popular y Podemos, mientras que PSOE y Vox se han abstenido. La moción reclama mejoras salariales, mayor estabilidad en el empleo y condiciones laborales dignas para los más de 3.000 empleados directos e indirectos del astillero de Cartagena.

El diputado de Podemos, Víctor Egío, ha defendido la moción recordando que Navantia "es el motor industrial de Cartagena" y ha denunciado el bloqueo del segundo convenio colectivo por parte de la dirección de la empresa. Egío ha criticado "la opacidad en las contrataciones, los excesos de jornada y las diferencias de condiciones entre centros de trabajo", y ha leído una carta enviada por un trabajador de la industria auxiliar que denunciaba "bajos salarios, jornadas extenuantes y precariedad estructural". "Viva la lucha de los trabajadores, viva la clase obrera", ha concluido.

Desde el Partido Popular, la diputada María Casajús ha expresado su apoyo a los trabajadores y ha recordado que fue un gobierno del PP el que impulsó el programa S-80, hoy "columna vertebral del astillero de Cartagena".

El PSOE, por su parte, se ha abstenido al considerar que la moción es "contradictoria y oportunista". La socialista Carmina Fernández ha reprochado a Podemos que "mientras enarbolan pancartas obreras, rechazan el presupuesto de defensa que permite fabricar submarinos y mantener el empleo en Navantia". Fernández ha subrayado que el Gobierno de España "ha invertido más de 4.000 millones en el programa S-80 y ha respetado el diálogo social con los sindicatos", y ha defendido que "la mejora de condiciones laborales debe negociarse en la mesa correspondiente".

Desde Vox, la diputada Virginia Martínez ha asegurado que su grupo se ha abstenido porque "los políticos no deben interferir en los procesos de negociación colectiva". Ha denunciado que "la raíz del problema no está en el convenio, sino en la elevada presión fiscal que empobrece a trabajadores y empresarios". En su opinión, "la solución pasa por recortar gasto político y bajar impuestos".