Las principales comercializadoras de electricidad en España valoran aplicar una nueva tasa a sus clientes para hacer frente a los costes derivados del apagón eléctrico que tuvo lugar el pasado 28 de abril, según han confirmado fuentes del sector.

Aquel día, una caída en el sistema de Red Eléctrica provocó un colapso temporal de la red que obligó a las empresas eléctricas a realizar maniobras extraordinarias para garantizar el suministro. Esta operación de emergencia implicó costes técnicos adicionales, sobre todo en el mercado mayorista de electricidad, donde el precio se disparó temporalmente.

La patronal de comercializadoras libres (ACIE) ha trasladado al Gobierno y a la CNMC que estas desviaciones suponen un perjuicio económico considerable y que, de no contar con algún tipo de compensación institucional, será inevitable repercutirlo en el recibo del usuario final.

Aunque por ahora no se ha concretado cómo se articularía esa posible tasa ni su cuantía exacta, las comercializadoras aseguran que están asumiendo un sobrecoste que desequilibra sus márgenes, y apuntan a que el refuerzo del sistema —necesario para evitar nuevos apagones— requerirá una inversión sostenida y costes estructurales adicionales.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica han pedido prudencia y han asegurado que cualquier decisión que afecte a la factura de la luz deberá pasar por los órganos reguladores correspondientes. Sin embargo, fuentes del sector eléctrico aseguran que ya se está negociando una vía legal para trasladar parte del impacto al consumidor, posiblemente a través de un cargo temporal en el término fijo de la factura o un ajuste regulado en el mercado minorista.

El apagón del 28 de abril afectó a casi un millón de usuarios en distintas comunidades autónomas, con cortes breves pero generalizados. Aunque el sistema se restableció en pocas horas, el episodio ha dejado al descubierto vulnerabilidades críticas en la red de transmisión, lo que ha intensificado los planes de refuerzo técnico que ya estaban en marcha tras las tensiones energéticas de los últimos años.

El debate ahora está servido: ¿quién debe asumir el coste de garantizar la estabilidad del sistema eléctrico? Las eléctricas señalan al consumidor. Los consumidores, al regulador. Y mientras tanto, la factura amenaza con volver a subir.