El agua es uno de los recursos más estratégicos para cualquier sociedad. En territorios áridos como la Región de Murcia, su disponibilidad condiciona el desarrollo agrícola, turístico y medioambiental. Dentro de esta región, el Campo de Cartagena representa un caso paradigmático: un motor económico que, pese a su dinamismo, sufre una carencia estructural de recursos hídricos.

El Trasvase Tajo-Segura, operativo desde 1979, ha sido clave en el desarrollo del sureste español. Gracias a esta infraestructura, la Región consolidó una de las agriculturas más eficientes de Europa y un turismo competitivo en su litoral. Sin este trasvase, ni el regadío ni el abastecimiento urbano habrían sido posibles.

A partir de los años 2000, con la llegada del gobierno de Rodríguez Zapatero, se promovió el abandono del trasvase, presionado por fuerzas políticas nacionalistas. Desde entonces, se han impuesto restricciones, se ha favorecido el uso de agua desalada —más cara y ambientalmente cuestionable— y se ha reducido la seguridad hídrica de los territorios receptores. “El agua desalada cuesta el doble y ofrece la mitad”, denuncian los regantes. No puede ser la única alternativa para una agricultura y un turismo de esta envergadura.

La agricultura regional representa más del 20% del PIB si se incluye su impacto indirecto. Murcia es líder nacional en exportación hortofrutícola, con productos como la lechuga, el brócoli y la uva de mesa. El Campo de Cartagena destaca por su tecnificación, sostenibilidad y capacidad de generar empleo. “Murcia produce con menos agua más que ninguna otra región europea”, afirmaba el economista Vicente Hernández.

Pero esta agricultura no solo tiene valor económico: también crea paisaje, identidad y atractivo turístico. Un campo fértil, cuidado y productivo es clave para consolidar rutas gastronómicas, rurales y culturales. Sin agua, no hay cultivos; sin cultivos, no hay entorno rural ni imagen de marca.

El abandono de fincas por falta de agua o su transformación en campos solares altera el paisaje y deteriora la experiencia turística. Donde antes había cultivo y vida, hoy puede haber desolación y desconexión. El turista moderno busca autenticidad, contacto con lo local y naturaleza viva. Todo ello depende del agua.

La Costa Cálida —con playas como las de Cabo de Palos, Los Nietos o Islas Menores— también se ve directamente afectada por la gestión hídrica. El turismo depende del abastecimiento regular, de la calidad ambiental y de un paisaje atractivo. La escasez, el temor a los cortes de suministro o el encarecimiento del agua repercuten en la imagen del destino y en la satisfacción del visitante.

Una de las causas más graves del conflicto sobre el Trasvase Tajo-Segura es la gestión del propio río Tajo. Aguas arriba, especialmente en la Comunidad de Madrid, existen decenas de núcleos urbanos que vierten sus aguas al río sin una depuración adecuada. Esta carga contaminante obliga a establecer caudales ecológicos más elevados para intentar diluir la contaminación, lo cual reduce el volumen disponible para trasvasar.

Numerosos informes técnicos han denunciado que la principal contaminación del Tajo proviene de Madrid. No es el regadío murciano el que contamina el río, sino la incapacidad de las administraciones centrales y madrileñas para invertir en depuración y control de vertidos. En palabras llanas, el problema es que el río Tajo arrastra literalmente la “mierda” de los madrileños, y esa situación la pagan los regantes y ciudadanos del sureste. La solución no es cortar el trasvase, sino mejorar la calidad de las aguas en origen. Esa es la justicia hídrica que se exige desde la Región de Murcia.

La reducción del trasvase y la dependencia del agua desalada tienen efectos económicos devastadores. Aumentan los costes de producción, se destruye empleo en zonas rurales y se paraliza la inversión. Las empresas agroalimentarias pierden competitividad, el turismo rural pierde atractivo y los jóvenes emigran. Se rompe el equilibrio territorial, se agravan las desigualdades y se socava el principio de solidaridad interregional.

El agua no es solo un recurso productivo: es la base de la vida, del empleo y del futuro. Blindar el Trasvase Tajo-Segura como infraestructura estratégica nacional es una necesidad. Madrid y Castilla-La Mancha deben mejorar la calidad del agua que aportan. Los municipios ribereños del Mar Menor deben invertir de verdad en depuración. Y el Estado debe dejar de criminalizar a la agricultura murciana.

Hace falta un pacto nacional del agua con criterios técnicos, sostenibles y justos. Un plan que garantice el desarrollo agrícola, turístico y social del sureste. Y no puede ser otro que la realización de un Plan Hidrológico Nacional.

También es urgente recuperar la imagen de marca de la Región. El futuro del Campo de Cartagena está ligado al agua. Si se garantiza su disponibilidad, la agricultura y el turismo podrán seguir generando riqueza, paisaje y arraigo. Si se recorta, se desertifica el territorio, se despuebla y se condena al abandono.

En unos años, cuando se demuestre que el principal contaminante del Mar Menor no era el regadío, sino la falta de depuración urbana, ¿quién revertirá el daño causado? ¿Quién pagará las pérdidas económicas y de reputación?

La respuesta debe darse hoy. Con inversión, con justicia hídrica, con planificación y con respeto al esfuerzo de miles de familias que, con poca agua, han hecho del sureste español una potencia agrícola y un destino turístico.