“Cuando no sabes hacia dónde navegas, ningún viento es favorable. Cada pequeño paso que des en la dirección correcta nos acerca a una Armada mejor”. Así concluye el documento de presentación del Plan 'Armada 2050' presentado a finales de 2024 por el Excmo. Sr. Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Almirante General D. Antonio Piñeiro Sánchez.

Y no podría haber mejor punto de partida para una reflexión que va más allá de lo militar: ¿hacia dónde estamos navegando en materia de política industrial y tecnológica de defensa en España? ¿Y qué condiciones hacen falta para que ese rumbo no se diluya en voluntarismos o meras declaraciones políticas sin ejecución.

El Plan 'Armada 2050' es, sin duda, una de las apuestas más ambiciosas de los últimos años en materia de defensa. Articula una hoja de ruta transformadora con vocación de largo plazo: modernizar la flota, asegurar la interoperabilidad, incorporar tecnología avanzada (desde inteligencia artificial hasta sistemas navales no tripulados), reforzar la logística y generar autonomía estratégica nacional, todo ello con una idea, además, muy clara: que la Armada sea no solo operativamente decisiva, sino también económicamente tractora. Una palanca industrial; un verdadero catalizador de innovación e inversión nacional.

Pero como toda estrategia ambiciosa, su éxito dependerá menos del diagnóstico —que es certero— y más de su ejecución. Lo advertía con cierta crudeza el profesor Fonfría hace unas semanas: si la defensa se proyecta como escaparate en ferias como FEINDEF, pero no va acompañada de presupuestos sostenibles y procesos eficaces, se corre el riesgo de construir una “ficción económica” que genere frustración en lugar de dinamismo. Dicho de otro modo: no basta con saber hacia dónde navegar; hay que tener el barco operativo, la derrota clara y, además, deben darse las condiciones de mar necesarias.

Y ahí es donde el actual marco de contratación pública aparece como uno de los principales escollos. La legislación vigente en materia de contratación y financiación de la defensa —pensada en un contexto de estabilidad prolongada, multilateralismo consolidado y bajo riesgo geoestratégico— no permite responder con agilidad a los desafíos estratégicos del presente. Urge, como ya decía el Vicealmirante ingeniero, don Antonio Martínez Ruiz, en la II Reunión del Consejo Asesor del Clúster de la Industria de Defensa, salvar el desequilibrio existente entre el escenario estratégico actual y los procesos de obtención de capacidades.

Ocurre que la contratación de defensa continúa rigiéndose por procedimientos y normas que no distinguen con suficiente y necesaria claridad entre adquisiciones de elevada complejidad tecnológica y otras de carácter más rutinario. En la práctica, la obtención de un sistema de armas o de una plataforma naval avanzada debe tramitarse bajo procedimientos pensados para la adquisición de bienes o servicios comunes —como pueden ser suministros administrativos u ofimáticos—, sin que el marco legal contemple con suficiente precisión las particularidades técnicas, los tiempos de desarrollo o los riesgos inherentes a los grandes programas estratégicos como, por ejemplo, la obsolescencia tecnológica sobrevenida, las dificultades de integración de tecnologías emergentes, la, en ocasiones, fuerte dependencia de tecnologías y componentes fabricados en terceros países sujetos a restricciones de exportación o la necesidad de rediseños durante la fase de ejecución para adaptarse a requisitos operativos en constante evolución.

El problema no es nuevo. Ya en 2011 el Consejo de Estado alertó de la necesidad de una regulación sistematizada y coherente que reconociera las especificidades del ámbito de la defensa. Sin embargo, catorce años después, seguimos atrapados en un marco jurídico disperso, rígido y anacrónico, que limita la capacidad del Estado para actuar con la agilidad y la anticipación que el actual contexto estratégico exige. Hoy, con una Europa inmersa en un proceso de rearme, con la industria tecnológica en rápida transformación, y con conflictos que se libran también en el ciberespacio, la órbita satelital o el dominio de los datos, esa reforma pendiente ha pasado de ser recomendable a ser una necesidad de Estado.

Si de verdad queremos que el Plan “Armada 2050” sea motor de crecimiento, generador de empleo cualificado y palanca de innovación para todo el país, es imprescindible activar también la maquinaria normativa.

Debemos reformar el sistema de contratación de defensa para que permita procedimientos específicos, seguros y ágiles, diseñados para dar respuesta a las necesidades de adquisición de capacidades estratégicas. Hemos de procurar estabilidad presupuestaria, evitando que los inevitables vaivenes políticos den al traste con programas de largo recorrido cuya maduración y retorno —tecnológico, económico y operativo— solo puede evaluarse en horizontes plurianuales. No se puede construir una industria de defensa verdaderamente sólida y con “músculo financiero” —como incidió la Secretaria de Estado de Defensa en el reciente desayuno del Executive Forum celebrado en Madrid el pasado 10 de junio— con decisiones presupuestarias fragmentadas o sujetas a criterios de mera oportunidad coyuntural.

Debemos establecer reglas claras que refuercen el papel de las grandes industrias, al tiempo que faciliten la incorporación ordenada y eficaz de medianas y pequeñas empresas, centros tecnológicos y consorcios territoriales, cuyas capacidades complementarias pueden aportar valor añadido en toda la cadena de suministro.

La Región de Murcia, sin ir más lejos, cuenta con capacidades concretas en campos estratégicos que encajan plenamente en los vectores de transformación definidos por el Plan “Armada 2050”. En materia de ingeniería naval, destacan los desarrollos y servicios especializados vinculados al sostenimiento de submarinos y buques de apoyo logístico con base en Cartagena; en el ámbito de las tecnologías duales y los sistemas de comunicaciones seguras, operan ya empresas emergentes que diseñan soluciones aplicables tanto al entorno civil como al militar, desde sensores embarcados hasta algoritmos de ciberprotección. Un buen ejemplo de este potencial es el proyecto CAETRA, impulsado por la Comunidad Autónoma y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, que busca consolidar un ecosistema tecnológico en defensa y seguridad reuniendo bajo un mismo punto a empresas, universidades y centros de innovación con sede en la Región.

Para que ese encaje sea posible —y para que la contribución regional pueda consolidarse de forma estructurada—, el marco contractual tiene que dejar de penalizar la iniciativa y empezar a premiar la capacidad. La contratación de defensa no puede seguir siendo el punto ciego de una estrategia que, por lo demás, es coherente, está bien planteada y es ambiciosa.

Porque más allá de la dimensión estrictamente operativa, el Plan “Armada 2050” exige —y proyecta— una industria nacional sólida, una arquitectura contractual que no castigue la innovación, y un respaldo social e institucional que entienda que la defensa, hoy más que nunca, es también una cuestión de soberanía económica, de autonomía tecnológica y de competitividad industrial. Si somos capaces de avanzar en esa dirección, si cada paso se orienta a ese rumbo —como recuerda la propia Armada— no solo dispondremos de unas Fuerzas Armadas mejor preparadas: dispondremos, sobre todo, de una base industrial de defensa más robusta, de un tejido innovador más cohesionado y de un país mejor capacitado para proteger sus intereses estratégicos en un entorno global crecientemente volátil.