El Gobierno regional de Murcia ha exigido explicaciones al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) tras conocerse, según un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), el presunto reparto de más de medio millón de euros en comisiones ilegales vinculadas a las obras del soterramiento del AVE en Murcia.

El secretario general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, José Francisco Lajara, ha intervenido hoy, por vía telemática, en la Junta de Accionistas de la sociedad Murcia Alta Velocidad (MAV), en la que ha exigido a Adif que aporte informes técnicos "que determinen si esa mordida podría haber afectado a la calidad de los materiales empleados, a la ejecución de las obras o si, por el contrario, supuso un incremento injustificado de los costes".

Además, ha solicitado la convocatoria urgente del Consejo de Administración de MAV "para que Adif dé las explicaciones pertinentes ante una situación de extrema gravedad que afecta a unas obras financiadas con fondos públicos".

Lajara ha insistido en que "el dinero que, según la UCO, se han repartido en comisiones ilegales la trama corrupta vinculada a los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ha salido de los impuestos de todos los ciudadanos de la Región de Murcia. Se lo han robado a los murcianos".

La Comunidad Autónoma, en virtud de su participación en la sociedad MAV, ha aportado desde 2019 cerca de 144 millones de euros, lo que representa el 26 por ciento del coste total del soterramiento, tal y como establece el convenio suscrito con Adif y el Ayuntamiento de Murcia.

El secretario general ha detallado que "este mismo año ya se ha autorizado una nueva aportación regional, correspondiente a 2025, que asciende a 26 millones de euros, por lo que exigimos máxima transparencia y total colaboración para esclarecer lo sucedido".

Además, Lajara ha denunciado que "quienes han estado robando a todos los españoles eran cargos públicos nombrados por Pedro Sánchez en el Gobierno de España. La corrupción que ha destapado la UCO no se puede justificar, y si el presidente del Gobierno no reconoce que es imperdonable que las personas que él mismo colocó hayan estado robando a los españoles, es que está completamente fuera de la realidad".