Murcia ha arrancado 2025 con cifras preocupantes en materia de insolvencias. Entre enero y marzo, los juzgados de la Región han tramitado 861 concursos de acreedores, lo que supone un incremento del 60,6 % respecto al mismo periodo del año anterior, según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

De ese total, 805 corresponden a personas físicas no empresarias, lo que sitúa a la comunidad a la cabeza en España en concursos personales, con una tasa de 51,3 procedimientos por cada 100.000 habitantes. También se ha producido un aumento en los concursos de empresas, que han pasado de 29 a 45 en solo un año, mientras que los de autónomos se mantienen estables, con once casos.

El repunte no se entiende como un hecho aislado, sino como parte de una coyuntura económica regional cada vez más frágil. Los procedimientos monitorios —utilizados para reclamar impagos de forma rápida— han aumentado un 34,8 %, con más de 13.500 procedimientos en solo tres meses. Además, las demandas por despido también han subido un 5,5 %, reflejo de una conflictividad laboral creciente.

Pese a que los lanzamientos por impago (desahucios) han caído un 31,7 %, con 230 casos registrados, los datos no invitan al optimismo. El descenso se debe más a las políticas de contención de vivienda que a una mejora real de la capacidad financiera de las familias.

Empresas que no aguantan más

La estadística tiene nombres propios. Proyectos empresariales de gran envergadura han entrado en procesos concursales en los últimos meses, confirmando que el problema no solo afecta a las familias.

Uno de los casos más llamativos es el de Liwe Española, la compañía murciana propietaria de las tiendas Inside, que inició un preconcurso de acreedores en abril tras un periodo de tensiones financieras. La firma emplea a unas 1.600 personas y facturó más de 123 millones de euros en 2023. La empresa busca ahora ganar tiempo para renegociar su deuda y evitar la liquidación.

Otro caso que arrastra años de litigios, es el de Aeromur, la antigua concesionaria del aeropuerto de Corvera. En concurso desde 2019, acumula una deuda de 387 millones de euros —183 millones por el aval concedido por la Comunidad Autónoma y otros 204 por reclamaciones de daños y perjuicios—. El proceso sigue abierto, sin activos con los que hacer frente a la deuda, y con más de 210 millones en pleitos aún sin resolver. La factura total para las arcas regionales podría alcanzar los 401 millones de euros.

También resuena todavía el eco del caso Polaris World, el grupo inmobiliario murciano que protagonizó uno de los mayores concursos del ladrillo tras el estallido de la burbuja. Aunque su liquidación oficial se produjo en 2019, todavía deja una estela de impagos, urbanizaciones a medio terminar y sociedades en ruina.

Estos datos dibujan un escenario complejo: familias que no pueden asumir sus deudas, empresas que colapsan sin margen de maniobra, y una red institucional que trata de contener una hemorragia económica silenciosa. La Región de Murcia, que durante años presumió de dinamismo económico, encabeza ahora los rankings de insolvencia personal en España.