Acciona celebrará el próximo jueves 26 de junio su junta general de accionistas anual en un contexto especialmente delicado. La cita, convocada con anterioridad a la reciente oleada de revelaciones judiciales, coincide con la investigación abierta por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre una presunta trama de adjudicaciones irregulares en contratos públicos, que afecta a varias empresas y ex cargos del PSOE, como Santos Cerdán, José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García.

La compañía ha reaccionado con rapidez al verse implicada en los informes del caso. Ha iniciado una investigación interna, ha rescindido su relación contractual con Servinabar —empresa navarra bajo investigación con la que compartió varias adjudicaciones— y ha cesado al director del área de Construcción en España. Desde la empresa insisten en que siempre han actuado bajo “los más altos estándares de ética, transparencia y cumplimiento normativo”.

Pese a este escenario, Acciona someterá a votación de sus accionistas una propuesta de reparto de dividendos de 5,25 euros por acción, lo que representa un incremento del 7,4 % respecto al ejercicio anterior. El pago se efectuará el próximo 10 de julio.

La junta también abordará la reelección de tres consejeros independientes —Sonia Dulá, Maite Arango y Carlo Clavarino— por un nuevo mandato de tres años. Asimismo, se aprobará una nueva política de retribuciones para los ejercicios 2026, 2027 y 2028, que establece un tope del 450 % sobre el salario fijo anual para la retribución variable de los consejeros ejecutivos. También se elimina la posibilidad de bonificaciones extraordinarias por objetivos estratégicos, y se formaliza la obligación de mantener un volumen de acciones equivalente a dos anualidades del salario fijo.

En el orden del día figura además la renovación de KPMG como auditor externo para las cuentas de la sociedad y su grupo consolidado en el ejercicio 2025.

Un escándalo en expansión

La investigación judicial ha puesto el foco en supuestas comisiones ilegales cobradas a cambio de adjudicaciones en obras públicas. Según los informes preliminares, la UCO estima que podrían haberse pagado entre 620.000 y 650.000 euros en mordidas. La empresa Acciona figura en varios de los contratos investigados, aunque no ha sido imputada formalmente.

El caso ha provocado registros en sedes institucionales y en varias empresas, y ha derivado en la citación judicial de Koldo García y José Luis Ábalos, que deberán declarar ante el Tribunal Supremo el próximo lunes, 24 de junio. Santos Cerdán también ha sido llamado, aunque ha solicitado aplazar su declaración.