El proyecto de BBVA con Banco Sabadell se ha dado de bruces con el Gobierno. El Consejo de Ministros ha supeditado la operación a que la entidad vasca mantenga al vallesano independiente durante tres años, ampliables a dos, lo que en la práctica impide la fusión que buscaba. El grupo presidido por Carlos Torres podrá cambiar su consejo de administración, pero no ejecutar ajustes en la plantilla conjunta ni en la red de sucursales asociados a la operación.

En concreto, cada entidad tendrá que preservar su personalidad jurídica, patrimonio separado, y autonomía en la gestión. Esa individualidad incluye adoptar de manera autónoma decisiones sobre la política de financiación del crédito y financiación, especialmente a pymes; en materias de recursos humanos, la red de oficinas y sus servicios bancarios, y la obra social a través de sus respectivas fundaciones. A los tres años, se evaluará la eficacia de esta condición y el Consejo de Ministros determinará si se amplía su duración durante dos años más.

El Gobierno pondrá bajo la lupa la eficacia de las condiciones establecidas. Entre seis y dos meses antes de que expiren los tres años, cada una de las entidades deberá remitir a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa un informe de situación que detallará el modelo de gestión autónoma que se ha llevado a cabo, así como su contribución al mantenimiento de los criterios de interés general mencionados. En la misma línea, tanto BBVA como Sabadell deberán elaborar y publicar en web un plan estructural a largo plazo en el que se detalle en qué medida su estrategia corporativa afectará, en al menos los cinco años siguientes, a los criterios de interés general identificados.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha anunciado el dictamen del Gobierno en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha asegurado que con esta medida el Ejecutivo protege criterios de interés general "en línea con nuestro marco normativo y ordenamiento jurídico". Estos criterios cubren la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, el mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial, la política social vinculada con las fundaciones bancarias, la protección del consumidor financiero y la vivienda asequible y la promoción de la investigación y del desarrollo tecnológico.

La pelota queda ahora en el tejado de BBVA que deberá evaluar si continúa adelante con la transacción. La entidad ha declinado hacer valoraciones sobre el dictamen del Gobierno.