Pedro Sánchez ha sacado el bisturí contra la corrupción. En su comparecencia este miércoles ante el Congreso, el presidente del Gobierno ha anunciado una batería de 15 medidas destinadas a “blindar la limpieza institucional”, con propuestas que van desde el endurecimiento de las penas hasta la creación de listas negras de empresas condenadas que serán vetadas en los procesos de contratación pública.

En un discurso cargado de intención política —y con el reciente escándalo del caso Cerdán aún fresco— Sánchez defendió su compromiso personal con la ética pública. “He valorado dimitir, pero tirar la toalla no es una opción”, admitió el jefe del Ejecutivo, antes de desplegar lo que definió como una "propuesta integral contra la corrupción".

El plan, elaborado en coordinación con Sumar y con la supervisión técnica de la OCDE, se estructura en cinco grandes bloques: prevención, protección de denunciantes, eficacia judicial, sanciones más duras y promoción de una cultura de integridad. Y no se queda en el papel: el propio Sánchez anunció que el cumplimiento del programa será evaluado con informes públicos a los 12 y 24 meses.

Entre las medidas más llamativas figura la exclusión directa de las empresas condenadas por corrupción de cualquier licitación pública. “Las empresas que corrompen no pueden beneficiarse del dinero público”, sentenció. También se contempla un endurecimiento sustancial de las penas para los delitos relacionados con la corrupción y la duplicación del tiempo de prescripción, lo que dejaría menos margen a la impunidad judicial.

Además, el plan prevé la creación de una Agencia de Integridad Pública independiente, auditorías externas para partidos y fundaciones que reciban más de 50.000 euros de financiación pública, y la implementación de inteligencia artificial para detectar irregularidades en las plataformas de contratación pública.

Sánchez también quiso lanzar un mensaje directo a quienes denuncian estas prácticas: prometió protección legal reforzada y anonimato, garantizando que “quien denuncia será protegido, no castigado”. En paralelo, se plantea el refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción y la especialización de jueces y tribunales que se dediquen de forma exclusiva a este tipo de delitos, una petición histórica de las asociaciones judiciales.

Fiel a su guión, la oposición ha despreciado la iniciativa y ha vuelto a preferir el ruido a la responsabilidad. Desde el Partido Popular la han tachado de “operación cosmética” y han reprochado al presidente que actúe a golpe de escándalo. Vox, por su parte, ha acusado al Gobierno de “llegar tarde y mal”. Más conciliadores, los portavoces de Sumar celebraron la adopción de parte de sus propuestas, aunque reclamaron que las sanciones a empresas condenadas puedan llegar a extenderse hasta 20 años.

El anuncio llega en un momento clave. El caso Koldo, la caída de Ábalos y la detención de Santos Cerdán han agitado las aguas del PSOE y puesto a prueba el discurso de ejemplaridad institucional del Ejecutivo. En este contexto, el plan anticorrupción de Sánchez no solo se presenta como una respuesta legislativa, sino como un intento de reafirmar el liderazgo presidencial y recuperar la iniciativa política.

“Lo fácil es apartarse. Lo difícil es quedarse y luchar por lo que uno cree justo”, cerró Sánchez su intervención. El foco está ahora en el cumplimiento real de estas medidas y en su capacidad para resistir el desgaste político que inevitablemente las acompañará.